• No sólo se debate un problema de competencias, sino de dinero, es decir, de definir a dónde va el capital del Estado mexicano y a dónde el que otros ponen para estimular la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Por: Redacción/

En el anteproyecto de ley general de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación –presentado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en diciembre de 2020– parece haber una agenda de Estado única para regular toda la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación e incluso las humanidades, “lo que resulta preocupante”, advirtió el doctor Mauricio Merino Huerta, investigador de la Universidad de Guadalajara.

Durante el Foro Interuniversitario Jornadas de reflexión sobre el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que demanda el futuro –convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras instituciones de educación superior– el doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid dijo que se trata de una agenda de Estado que estaría gobernada por un consejo que a su vez obligaría a las entidades federativas y a todas las instancias del país involucradas en esos ramos.

Al participar en la mesa Distribución de competencias y coordinación de órdenes de gobierno, sostuvo que dicho consejo estaría presidido por el presidente de la república e integrado sólo por funcionarios federales, y participarían con voz, pero sin voto las entidades federativas y los consejos consultivos, entre otros organismos de colaboración que se enuncian en el mencionado anteproyecto de ley general.

Lo anterior “me parece delicado” porque supondría un error que no tiene que ver sólo con asuntos legislativos, sino con la vida misma, pues la ciencia es libre por definición y el desarrollo tecnológico es producto de su propio ciclo de innovación; ambos son universales y abiertos, independientemente de la existencia de cualquier ley o intento de detener su evolución.

“De manera que conjeturar que puede hacerse una agenda de Estado única, con un pensamiento y un consejo de Estado que determine todo, es de suyo un error de concepción desde el punto de vista del uso de la autoridad, porque la ciencia no va a proceder de ese modo”, afirmó.

No sólo se debate un problema de competencias, sino de dinero, es decir, de definir a dónde va el capital del Estado mexicano y a dónde el que otros ponen para estimular la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Desde la concepción del proyecto de ley general es esta agenda de Estado la que determina todo y, en ese sentido, si los proyectos coinciden con ésta y el consejo –administrado por Conacyt y el gobierno federal– consideran que los Programas Nacionales Estratégicos deben aumentarse, disminuir o modificarse, y habrá dinero para los investigadores que propongan proyectos o tengan iniciativas de colaboración, pero si ese consejo considera lo contrario, no lo habrá, advirtió.

Por lo tanto, sólo se podrá hacer aquello definido por esa instancia dirigida desde el poder político, no desde el científico, la colaboración, la deliberación y el debate epistémico.

Merino Huerta propuso separar aquel presupuesto que el gobierno mexicano quiere orientar a sus prioridades, pero otra cosa es crear un fondo que sea regido sobre los principios de la horizontalidad, la gobernanza plural y de la participación de los distintos actores, y orientado a asuntos que no correspondan con la dirección política.

La doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y el maestro José Alonso Huerta Cruz, director del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, coincidieron en que se requiere un andamiaje legal y de coordinación nuevo entre los diferentes órdenes de gobierno, porque existe una ley federal y 32 estatales que en ocasiones no coinciden, porque surgieron con diferentes contextos y objetivos.

Una ley general –dijo el maestro Huerta Cruz– prevé alinear, partiendo del compromiso que existe en la Constitución de hacer patente el derecho humano al beneficio de la ciencia y, por tanto, “somos responsables todos los órdenes de gobierno de facilitar su observancia y cumplimiento” además de buscar la coordinación articulada.

La doctora Medina Rivera consideró que se tiene una oportunidad muy importante para todos, en virtud de que para articular un sistema de alcance nacional “requerimos reconocer la diversidad, las diferentes necesidades y los distintos contextos entre las ciudades de la nación.

Este país tiene muchas asimetrías, de ahí la relevancia de que con la nueva ley se establezcan las bases generales para la organización en los respectivos ámbitos de competencia de cada uno de los actores que conforman el sistema de ciencia y tecnología.

En ese sentido “debemos visualizar el federalismo como una estructura que pretende conciliar la unidad con la diversidad” y alcanzar un punto de equilibrio a través de una adecuada y racional distribución de competencias entre la federación, las entidades federativas y los municipios, no provocando la división y la concentración del poder en uno de ellos, sino garantizando que los mandos no sean excesivos o arbitrarios.

En esta mesa también participaron el doctor Martín Puchet Anyul, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el biólogo Miguel O. Chávez Lomelí, integrante del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, y comentaron los doctores Guillermo M. Cejudo, docente del Centro de Investigación y Docencia Económicas; Rafael Rivera Bustamante, adscrito al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, y Eduardo Pérez Tijerina, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León.