Por: Redacción/

Cumplir con la promesa de alcanzar una inversión nacional del 1% del PIB en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) no significa que el Estado tenga que asumir toda la responsabilidad financiera, sino que este debe diseñar una política de largo plazo que, además de destinar recursos públicos, promueva la participación de las empresas privadas en el financiamiento de las actividades de investigación e innovación, señala el artículo: “Estímulos fiscales para promover la inversión en ciencia, tecnología e innovación”, publicado en el Núm. 33 de la revista Pluralidad y Consenso del Instituto Belisario Domínguez.

El artículo revela que, en las últimas tres décadas la inversión privada ha disminuido sistemáticamente hasta llegar a una participación menor al 20% en el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), que es el indicador utilizado internacionalmente para medir la inversión en ciencia y tecnología. En contraparte, la inversión pública en CTI se ha duplicado, con una participación en los últimos años de alrededor del 70% en el GIDE.

En ningún país del mundo el Estado asume en solitario la tarea de invertir en el desarrollo científico y tecnológico, explica el documento. De hecho, argumenta, los quince países líderes en este rubro tienen en común una participación preponderante del sector privado en el GIDE.

Nuestro país se encuentra a contracorriente de las tendencias globales que reflejan una responsabilidad compartida —política y empresarial— en la que se asume la trascendencia económica y social de la CTI, sostiene el artículo elaborado por el Mtro. Juan Carlos Amador Hernández.

Ante este panorama, apunta el autor, cobran relevancia los estímulos fiscales para promover la inversión en ciencia y tecnología, como las reformas a la Ley del ISR, aprobadas por el Congreso de la Unión en octubre de 2016, y el Programa de Repatriación de Capitales, implementado por el Gobierno de la República en enero de 2017.

En lo que respecta a los primeros resultados de las reformas en materia de Impuesto Sobre la Renta, la investigación señala que, en el ejercicio fiscal de 2017, la Secretaría de Hacienda recibió un total 162 solicitudes para obtener el incentivo, por un monto 4,734 millones de pesos. Mientras que, por el programa de repatriación, retornaron a nuestro país 220 mil millones de pesos, los cuales tendrán un impacto todavía por calcular en el GIDE.

La importancia de este tipo de estímulos -explica el artículo- radica en su potencial para promover la participación financiera y el compromiso social de las empresas en la generación de conocimientos y tecnologías que incidan no solo en el capital científico, sino en la productividad y competitividad de nuestra economía.

Además, reformas estructurales como la de telecomunicaciones y la energética, podrían incidir positivamente en la investigación científica impulsada por las empresas privadas, por medio de proyectos de inversión de mediano y largo plazo, señala el documento.

Este artículo, al igual que la revista Pluralidad y Consenso Núm. 33 del Instituto Belisario Domínguez, se puede descargar en la dirección electrónica: http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/issue/view/42