Por. Redacción/

El Pleno de la Cámara de Diputados recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un oficio donde informa que, a diciembre de 2017, los precios en este sector se han reducido en 29.5 por ciento respecto a marzo de 2013 –fecha en que la Cámara de Diputados aprobó la Reforma Constitucional en esa materia-, mientras que la inflación general registró un crecimiento de 20 por ciento en el mismo periodo.

A través del Programa Anual de Trabajo 2018, enviado a la Comisión de Comunicaciones, el IFT precisa que las condiciones de mercado y el desarrollo de las redes públicas de telecomunicaciones han permitido un considerable uso de la tecnología y una mayor velocidad de la banda ancha fija ofertada.

Destaca que la proporción de conexiones con velocidad promedio entre 10 y 100 Mbps, era apenas de 7.8 por ciento en 2013 y alcanzó casi el 78 por ciento de las conexiones de Internet en los hogares y oficinas de México para mediados de 2017.

El documento menciona que contar con más velocidad promedio permite un mayor uso y crecimiento de las aplicaciones y herramientas digitales usadas en el sector de la salud, educación, entretenimiento, finanzas y gobierno.

Por otro lado, la inversión privada en las telecomunicaciones fijas y móviles presentó un aumento anual de 16.5 por ciento respecto a 2015, alcanzando un nivel de 85 mil millones de pesos durante 2016.

Indica que el portafolio del instituto para el 2018 se integra con un total de 51 proyectos estratégicos, 43 de ellos se alinean a los cuatro objetivos institucionales y ocho al eje transversal de fortalecimiento institucional.

Los principales objetivos son: impulsar mejores opciones de servicios públicos, para usuarios y las audiencias, a precios asequibles, a través del impulso de la competencia y libre concurrencia de los sectores regulados.

Promover condiciones para el acceso universal a las tecnologías y servicios de las telecomunicaciones y radiodifusión, con el objetivo de maximizar el bienestar social.

También, garantizar que la prestación de los servicios de las telecomunicaciones y radiodifusión a la población sea acorde con los niveles de calidad, bajo parámetros internacionales.

Además, fomentar el respeto a los derechos de los usuarios finales y de las audiencias en estos servicios.