Por: Redacción/

La diputada Cristina Gaytán Hernández aseguró que con la publicación este día en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, se solventa un pendiente histórico con las víctimas y sus familiares, y desde el Partido de la Revolución Democrática “seguiremos alzando la voz para saldar las deudas en materia de Derechos Humanos que tiene el Estado mexicano”.

“Así se cumple con un compromiso del Estado mexicano con la sociedad, y la publicación constituye el primero de una larga serie de pasos para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad y, principalmente, la no repetición. Por ello, saludamos la entrada en vigor de la ley contra la desaparición forzada”, aseveró la vocera del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.

Gaytán Hernández recordó que la aprobación de esta ley fue la prioridad número uno definida en la agenda legislativa del GPPRD y también se incluyó en la prioridades legislativas del Frente Ciudadano por México, para atender la tragedia y el sufrimiento que viven miles de familias, muchas veces ante la insultante indiferencia de las autoridades.

La legisladora perredista aseguró que las diputadas y los diputados del Sol Azteca estarán vigilantes de la correcta aplicación de los 186 millones de pesos aprobados en el Presupuesto 2018 para la implementación de la ley y de los 282 millones de pesos para la búsqueda de personas desaparecidas.

Por último, la integrante de la Comisión de Derechos Humanos indicó que el acto de promulgación y la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación, “se producen en medio del procedimiento judicial instaurado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano, por graves violaciones a derechos humanos, debido a los excesos cometidos por fuerzas policiales en Atenco, Estado de México, en 2006, lo que obliga invariablemente a realizar reformas a fondo que profesionalicen a los cuerpos de seguridad”.