Por: Javier Bárcenas/

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitará ante la Comisión Permanente convoque a una reunión de trabajo a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García y al Director General de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, a fin de que expliquen acerca de los mecanismos de coordinación y actuación de las dependencias ante la emergencia y tragedia que tuvo lugar en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Verónica Juárez Piña, vice coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, informó que la proposición pedirá también que la Permanente solicite a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informen de manera pormenorizada respecto de las acciones tomadas el día del accidente.

Los perredistas manifestaron que es necesario que precisar por qué la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana decidieron no enviar un mayor número de efectivos para la contención de los pobladores y acordonar la zona para resguardar la integridad física de las personas.

Además, para saber qué acciones tomó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para resguardar la integridad física de las y los pobladores de Tlahuelilpan, que se encontraban en el lugar de la fuga producida en el ducto Tuxpan-Tula.

El Punto de Acuerdo pide precisar, desde las investigaciones realizadas por el conjunto de dependencias que intervinieron en la atención del multicitado siniestro, cuáles fueron las causas que motivaron la fuga y cómo se está previniendo la repetición de estos lamentables hechos.

Ante legisladores de la Permanente hará un exhorto al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para que, en ejercicio de su autonomía e independencia del Poder Ejecutivo, lleve a cabo una investigación con apego a la ley y deslindar las responsabilidades correspondientes, así como garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de los mexicanos, especialmente de las víctimas y sus familiares.

También, solicitar a la Secretaría de la Función Pública inicie las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios que, por omisión o comisión, pusieron en riesgo la integridad física de las y los ciudadanos, provocando la muerte de, hasta el momento, 93 personas.