Por: Redacción/

Diputados del GPPRD demandaron al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, proceder penalmente contra funcionarios de dependencias y universidades que desviaron presupuesto público hacia fines no autorizados, pues van más de tres años que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó las denuncias.

En conferencia de prensa, Luis Maldonado Venegas, Hortensia Aragón Castillo y Tania Arguijo Herrera se refirieron así a la reciente revelación periodística sobre la llamada “Estafa Maestra” que, de acuerdo con medios de comunicación que la difundieron esta semana, perpetró el gobierno federal a través de varias de sus dependencias, universidades públicas y “empresas fantasma”.

Los legisladores perredistas consideraron particularmente graves estos desvíos, porque incluso afectaron, por ejemplo, a la población en situación de hambre que debería ser apoyada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal y que no recibió los recursos correspondientes.

Luis Maldonado Venegas, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, detalló que la ASF hizo pública la información sobre estas irregularidades desde 2013 y 2014, y que desde entonces envió observaciones a los responsables de las dependencias involucradas para que las solventaran.

Como no cumplieron esto último, la misma ASF presentó las cerca de 700 denuncias administrativas y penales correspondientes, estas últimas ante la PGR, sin que ésta igualmente tenga resultado alguno a más de tres años.

“Dichas observaciones no han sido a la fecha suficientemente solventadas. Por supuesto que como ustedes saben la Auditoría Superior particularmente a la luz de la ley anterior… tiene dos vías, la de carácter administrativo, que es un largo procedimiento que ahora además tiene que terminar de dirimirse en el Tribunal Administrativo o, en su caso, presentar ante la PGR las denuncias por esos presuntos quebrantos a las finanzas y a los recursos de carácter público”, señaló el diputado.

Asimismo, añadió que desde hace más de tres años la ASF presentó denuncias penales para iniciar la investigación correspondiente, sin embargo la PGR tiene un rezago de 70 mil acusaciones de todo tipo y que las 700 denuncias presentadas en los últimos años no se haya dado curso.

“Esta es una muestra más de la urgente necesidad de contar, en este caso no solamente, con un procurador general, con un fiscal general, y también con el fiscal anticorrupción, designación pendiente en el Senado de la República. Es penoso y lamentable que se lastime el prestigio de las instituciones más preciadas para todos los mexicanos, como son las universidades, aprovechándose de sus necesidades para desviar recursos a fines no aprobados en el presupuesto”, aseveró.

En su intervención, la legisladora Hortensia Aragón Castillo, presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, señaló que es preocupante la integrad moral de quien se hace cargo de ejecutar las averiguaciones y aplicar la justicia.

“Lo que conminamos al procurador, es que se pronuncie al respecto y explique por qué de las 700 denuncias no existe hasta ahorita el seguimiento de ninguna de ellas. Vale la pena escuchar a la PGR que se pronuncie y responda lo que está en los medios por Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político”, enfatizó.

Finalmente, la diputada federal Tania Arguijo Herrera, secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología, aseguró que el Grupo Parlamentario del PRD dará seguimiento a la denuncia. “Vamos por esos titulares de las dependencias que participaron y por los rectores involucrados y llamamos a otros a no caer en lo mismo”, enfatizó.