Por: Redacción/
El GPPRD expresó su apoyo al “proyecto de dictamen ciudadano” de los colectivos “Fiscalía Que Sirva” y “Vamos por Más” para reformar la Constitución a fin de concretar al Sistema Nacional Anticorrupción como una herramienta verdaderamente efectiva para prevenir, perseguir y sancionar con efectividad la deshonestidad en el ejercicio de la función pública y el manejo de recursos públicos.
En el marco de la reunión con estos grupos en el seno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente coordinador y vicecoordinador del GPPRD, y su correligionario Agustín Basave Benítez, señalaron que, de dicha iniciativa, particularmente debe fortalecerse lo relativo a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Francisco Martínez Neri adelantó que los planteamientos de estos colectivos serán asumidos y añadidos a los del Frente Legislativo que integran los grupos parlamentarios del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, para a la vez presentarlos a las demás bancadas en los órganos de gobierno y conferencia, como la de la Mesa Directiva el miércoles próximo, la Comisión de Puntos Constitucionales cuando se reúna y la misma Jucopo.
Argumentó que contrario a los gobernantes que buscan un “manto de protección” por no ejercer con probidad las funciones de gobierno que les son encomendadas, la gran mayoría de la sociedad mexicana quiere un fiscal general de la República y un fiscal especial anticorrupción realmente capaces, independientes y honestos.
El Frente Legislativo –dijo- coincide en ello y por eso hará un gran esfuerzo y el trabajo político necesario para buscar el compromiso de los demás partidos para lograr acuerdos -entre lo deseable y lo posible- a la brevedad, pero sin que ello redunde en una simulación.
Jesús Zambrano se pronunció por modificar los tiempos de designación, inicio de funciones y conclusión de actividades del Fiscal General de la República, de suerte que no sea al quinto año de cada sexenio cuando se le sustituya, sino al primero, de modo que quien sea el titular pueda actuar contra los funcionarios casi desde el inicio de cada administración y no quien llegue al final de la misma sirva para “cubrirles la espalda a quien se va” por haber sido propuesto por ellos.
Al respecto, Agustín Basave Benítez se pronunció porque el Fiscal General sea realmente autónomo del titular del Ejecutivo Federal y que el Fiscal Anticorrupción a su vez lo sea del Fiscal General, de modo que uno no impida u obstaculice la actuación del otro.
Para ello –agregó- también se debe cambiar la forma como se elige al Fiscal General, pues si se permite que la Cámara de Senadores mande los nombres de diez propuestos al Ejecutivo Federal para que éste a su vez regrese tres nombres para que finalmente el Senado elija a uno, evidentemente, bajo el actual sistema de cuotas”, quedaría un “filopriista”.
Es decir, de 10 nombres originalmente propuestos por el Senado, cuatro serían propuestos por el PRI. De ellos, el Ejecutivo descartaría a uno y de los tres que subsistieran, necesariamente el Senado debería elegir a un “filopriista”, lo que llevaría a todo el sistema a una simulación, que es precisamente lo que no quiere la sociedad mexicana.
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