Por: Redacción

El Estado mexicano está obligado a prevenir y sancionar la comisión de actos de tortura y otros tratos crueles e, inhumanos, con miras a su completa erradicación; y reafirma su compromiso irrestricto con la plena eliminación de la violencia contra las mujeres en todos sus aspectos.

En este sentido, ha tomado importantes medidas en la materia como las siguientes:

Reconociendo retos persistentes en materia de prevención y sanción de la tortura así como eliminación de la discriminación y violencia de género, el Estado mexicano ha tomado importantes medidas en la materia, tales como:

• La publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que establece los lineamientos jurídicos y administrativos a través de los cuales el Estado se coordina, en sus tres niveles de gobierno, en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la subsecuente publicación de las Leyes Estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en las 32 entidades federativas que integran la República Mexicana. Esto ha llevado a la instalación de un Sistema de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en los 32 estados.

• El establecimiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación cuyo objetivo principal es el diseño de una política integral con perspectiva de género para promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra.

• El establecimiento y revisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo mediante el cual se identifican contextos de violencia extrema contra las mujeres en territorios determinados y, consecuentemente, se determinan las acciones gubernamentales de emergencia que deben ser emprendidas para enfrentar la problemática.

• El establecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida en contra de Mujeres, producto del acuerdo entre el Estado mexicano y organizaciones de la sociedad civil, a fin de revisar y dar atención a casos de mujeres denunciantes de tortura sexual.

• La publicación del Protocolo Homologado en materia de Investigación del Delito de Tortura y el establecimiento de la Unidad Especializada del Delito de Tortura dentro de la PGR.

• La presentación del proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes el 10 de diciembre de 2015 por el Presidente de la República, que fue aprobada por el Senado de la República el 29 de abril de 2016 y actualmente se encuentra en el estudio Cámara de Diputados.

En reconocimiento a los retos persistentes en esta materia, México mantiene una revisión constante y permanente sobre las acciones realizadas para lograr la plena erradicación de este delito, con perspectiva de género. El Gobierno de la República toma debida nota de las recomendaciones emitidas por Amnistía Internacional en su informe sobre “Tortura de Mujeres” realizado a través de entrevistas y cuestionarios a 100 mujeres en Nayarit y Morelos, y reafirma la importancia que otorga al diálogo con la sociedad civil a fin de fortalecer la agenda de promoción y protección de los derechos humanos en México.