Por: Oscar Nogueda y César Dorado/
Después de 31 días de juicio oral y del desahogo de 56 testigos, el juez Nelson Pedraza Sotelo condenó a 50 años de prisión a Juan Carlos Moreno Ocha, alías el “Larry” por su participación en el asesinato de la corresponsal del periódico La Jornada, Miroslava Breach. Cabe destacar que el juez señaló ““no había lugar a dudas y que había quedado derrotada la presunción de inocencia” del responsable.
“A casi 3 años de iniciado el proceso legal, el logro de esta condena ha requerido de un amplio esfuerzo humano y económico, un trabajo constante a cargo de las organizaciones acompañantes, intensa lucha y largo camino recorrido de la familia de Miroslava en búsqueda de justicia y verdad. El conjunto de pruebas testimoniales, periciales y documentales, dieron cuenta cómo operó la planificación y ejecución del crimen”, indicó la organización Propuesta Cívica.
El juez Pedraza Sotelo determinó que el movil del asesinato de la corresponsal fueron a consecuencia de sus investigaciones periodísticas, así mismo se identificó a un líder del narcotráfico con nexos políticos como autor intelectual del crimen. En el juicio, testigos especialistas en investigación criminal mostraron las operaciones de la narcopolítica en la Sierra de Chihuahua y el posible involucramiento de políticos del actual Gobierno local en el crimen, un punto aún pendiente en la investigación.
La periodista Miroslava Breach fue asesinada el 23 de marzo de 2017 a las 7:06 horas. Cuando esperaba en su auto a su hijo para llevarlo a la escuela dos hombres a bordo de un automóvil le dispararon. Miroslava se dedicó en gran parte a la investigación del grupo criminal “Los Salazar” y sus nexos con la política local de Chínipas, Chihuahua. También documentó el desplazamiento forzado y masacre de varias familias en la comunidad.
Fotografía: Propuesta Cívica
Durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada, fueron asesinados 22 periodistas, para su sucesor en el puesto, Felipe Calderón Hinojosa se registraron más del doble que con Fox, 47 asesinatos de periodistas. En los próximos seis años, ya bajo el mando de Enrique Peña Nieto, fueron asesinados 47-de los cuales uno fue Miroslava Breach-, pese a que el propio presidente, durante la celebración de la 72A Asamblea general de la Ciudad de México de 2016 refrendaba que “es obligación de un estado democrático, otorgar garantías a los periodistas para el ejercicio de su profesión, especialmente ante la amenaza a la libertad de prensa que representa el crimen organizado”.
Para este sexenio, la situación no ha mejorado, ya que desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, han sido asesinados 16 periodistas. Para ello, la organización Freedom House ha apuntado que incluso durante el gobierno del actual mandatario del Ejecutivo “las libertades políticas y civiles, están limitadas por la debilidad del estado de derecho, la violencia de la delincuencia organizada, las violaciones a los derechos humanos por parte de actores estatales y no estatales” así como los altos niveles de impunidad, pese a que el propio presidente de la república, a finales de marzo de 2019, durante una de sus conferencias de prensa dijo que “a ningún periodista se le va a limitar su derecho a expresarse… vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para protegerlos y evitar que sean agredidos. Es nuestra responsabilidad como representantes del Estado”.
Propuesta Cívica subrayó que esta sentencia es un precedente para el combate a la impunidad de crímenes contra periodistas en México y constituye un referente para los casos de periodistas asesinados que permanecen en la impunidad. Este caso “evidenció los retos pendientes para las fiscalías tanto local como federal, la imperiosidad de mejorar sus planes y técnicas de investigación, así también, demostró que cuando hay voluntad política la autoridad investiga, y que cuando hay participación de las víctimas, de la sociedad civil organizada nacional e internacional y del gremio periodístico, la autoridad investiga de manera más eficaz”. La organización civil también apunta a que el caso aún no se concreta, ya que falta la orden de aprehensión contra Jacial “N”, la investigación contra los autores intelectuales y el esclarecimiento del posible involucramiento de funcionarios del actual gobierno de Chihuahua.
En trabajo conjunto con Reporteros Sin Fronteras, Propuesta Cívica exhorta a la Fiscalía General de la República (FGR) a que realice las acciones de inteligencia necesarias para ejecutar las ordenes de aprehensión pendientes, también a que especialice sus líneas de investigación a fin de esclarecer la posible participación y tipo de responsabilidad penal de los servidores públicos.
Al congreso de la Unión a revisar la figura de “Facultad de atracción” para establecer reglas claras de ejecución por parte de la FGR que den certeza a los periodistas víctimas y sus familias de delitos por ejercicio de su labor y que eviten demoras en las investigaciones ministeriales.
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