Por: Redacción/

En México llevamos casi 15 años de implementar políticas de transparencia, aunque el derecho de acceso a la información pública ha estado consagrado en la Constitución desde 1977. En todo este tiempo se ha fortalecido el marco jurídico e institucional para acceder a la información pública; sin embargo, al menos se presentan dos nuevos reto: 1) ampliar la base de usuarios y 2) promover un enfoque de transparencia basado en las demandas de información en la población a nivel local para que el aprovechamiento de la información permita mejorar su vida cotidiana, sostuvo el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez al participar en el Seminario “Primer año de la Ley de Acceso a la Información Pública en Argentina”.

“La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México ocupa el primer lugar a nivel global, de acuerdo con el Global Right to Information Rating elaborado por el Centre for Law and Democracy y Access-Info. No obstante, es necesario hacer un alto en el camino para verificar si la información pública ha sido útil para resolver problemas públicos, controlar el ejercicio del poder y mejorar la vida de la población”, apuntó.

Durante su participación en el panel “Panorama internacional del acceso a la información pública y transparencia”, organizado por la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Secretaría de Asuntos Públicos e Institucionales del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda de la República Argentina con el apoyo del Consejo para la Transparencia y Fondo Chile, Salas Suárez manifestó que, a 30 años de ocurridas las transiciones democráticas en la región latinoamericana, permea un gran descontento con la democracia en la mayoría de nuestros países.

“Los datos de Latinobarómetro 2017 son contundentes, hay una baja satisfacción con la democracia: en Latinoamérica, 30%; Argentina, 38% y México, 18%. Hay 3 problemas que son los que más preocupan a los latinoamericanos: corrupción, desigualdad y violencia. Por ejemplo, hay una alta percepción sobre la gravedad de la corrupción en toda la región. La percepción de desigualdad entre ricos y pobres en Latinoamérica es del 76%, mientras que en Argentina y México es del 79%. En cuanto a la violencia este problema es más profundo en México por fuerte presencia del crimen organizado”, enfatizó.

El comisionado aseguró que en el INAI creemos que el acceso a la información pública y la transparencia sí pueden ayudar a remontar estos problemas y convertir la legitimidad de origen de las autoridades, obtenida por medio del voto, en legitimidad de desempeño, una vez asumida la función de gobierno.

“La información permite a los latinoamericanos conocer cómo ejercen el poder los gobernantes. Con ella podemos llamarlos a rendir cuentas y tomar parte en la solución de la corrupción, la desigualdad y la violencia. Para lograrlo es fundamental correlacionar la oferta con la demanda, partiendo en un primer momento de las demandas de información de los grupos vulnerables”, señaló.

Ante el reto de ampliar la base de usuarios del derecho de acceso a la información y que este derecho sea utilizado más allá de académicos, periodistas o empresarios, en el INAI se construye el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública (Plan DAI), una política pública con dos objetivos: 1) multiplicar el conocimiento sobre el derecho de acceso a la información a través de facilitadores y 2) que más personas ejerzan el derecho y aproveche la información para transformar su vida cotidiana.

Esta política pública se encuentra en construcción y está abierta a consulta pública, para que de forma colaborativa, los mexicanos retroalimenten aspectos que consideren deberán ser incluidos en este Plan DAI y se podrán recibir comentarios hasta el 28 de septiembre de este año, a través del sitio web: http://proyectos.inai.org.mx/plandai/. Actualmente se desarrollan proyectos pilotos en dos entidades federativas: Nayarit, en los municipios de Tepic, Rosamorada y El Nayar y Oaxaca, en los municipios de El Espinal, Juchitán, Tapanatepec y Tehuantepec. Destaca que participará población de comunidades originarias y mujeres, principalmente.

En el panel también participaron Helen Darbishire, Directora Ejecutiva de Access Info Europe, España; Magaly LcLean, abogada senior del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA); Marcelo Drago, Presidente del Consejo para la Transparencia, Chile y como moderadora, Karina Banfi, Diputada Nacional de la Argentina.