Por: Redacción/
La secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Rosalba Santiago Escobar (PRI), señaló que es necesario contribuir con políticas de preservación y restauración del equilibrio ecológico y cambio climático, ante los riesgos latentes que se enfrentan por el deterioro ambiental.
Señaló que México es un país rico en tradiciones, costumbres y recursos naturales; tiene diferentes tipos de climas, orografía, geología y suelos que permiten el desarrollo de diversas actividades como la explotación petrolera, la agricultura y la pesca, entre otras.
Sin embargo, agregó, esa riqueza también ha generado una explotación descontrolada que ha lesionado gravemente nuestros ecosistemas.
Durante el primer foro “Retos y Tendencias del Sector Ambiental”, afirmó que “el mundo nos necesita”, y advirtió que “si desde ahora no hacemos algo por nuestro planeta, estamos condenados a desaparecer irremediablemente”.
La legisladora sostuvo que espacios de expresión como éste permiten a voces expertas compartir su conocimiento e hizo votos por que se siga esta línea de acción y cooperación para el beneficio de todos. Reiteró su compromiso permanente con la agenda ambiental y su implementación.
Jorge Avilés Ortega, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social A.C, subrayó la importancia de que la comunidad científica se involucre en la formación de políticas públicas, pues sólo de esa manera se podrá generar una real incidencia en el cuidado del ambiente. “No es sólo un tema de quienes toman las decisiones, sino de cada uno de nosotros”.
Al exponer el tema “Los retos del gobierno en materia de biodiversidad”, consideró que toda acción de preservación de especies debe estar conectada con las comunidades, debido a la relevancia de conservar los ecosistemas originales.
Rodolfo Amador Amador, subdelegado de Desarrollo Urbano, de Sedatu Hidalgo, destacó la necesidad de la contribución social para el cuidado de la naturaleza. “Es indispensable la colaboración entre las instituciones públicas, organizaciones ambientalistas y ciudadanía”, expresó.
Al referirse al tema “Impulso de la cohesión social para el mejoramiento del ambiente”, recalcó la importancia de generar mecanismos de integración en las comunidades, a fin de generar un sentido de pertenencia que las aliente a cuidar su entorno.
Omar Herrera Belloso, coordinador de Investigación en Peces Marinos, de la dirección general adjunta en Investigación en Acuacultura del INAPESCA, mencionó que en 10 años, se calcula, llegará la “hora cero” en que la Ciudad de México estará sin agua.
Recomendó ser más eficientes en el uso del vital líquido y hacer un correcto manejo de las cuencas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), continuó, ya no hay territorio para seguir sembrando ni criando animales; además, se estima que en la próxima década la pesca y acuacultura sustituirán a la producción de carne de res, pollo y porcino.
Por ello, propuso ver más al mar territorial, ya que México por su ubicación y condiciones, así como por su megadiversidad, está destinado a ser una potencia en acuacultura, en producción de peces y mariscos. Tan sólo el año pasado, apuntó, tuvo un ritmo de crecimiento del 15 por ciento.
En otros temas, Raúl Gustavo Contreras López, promotor ambiental en Ecopil Arte Crea Conciencia AC, mencionó que en México se producen más 358 mil toneladas de basura electrónica al año y el país ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en la producción de este tipo de residuos.
Subrayó que del cien por ciento de la basura que se genera, sólo el 10 por ciento se recicla; 40 por ciento se encuentra en las casas, porque no se sabe qué hacer con ella y el otro 50 por ciento está en rellenos sanitarios y chatarreros. “Y cuando los aparatos electrónicos quedan al intemperie, ocasionan muchos más daños al ambiente”.
El problema, abundó, es que no hay un manejo adecuado de estos materiales, por lo que ocasionan daños ambientales y a la salud. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece que los restos tecnológicos son de manejo especial; sin embargo, no señala cómo se deben manipular, puntualizó.
Rodrigo Roblero Hidalgo, gerente de Especialistas en Irrigación y Civil S.A. de C.V., subrayó la conveniencia de utilizar modelos hidrológicos para mitigar inundaciones e identificar zonas de riesgo, mediante esquemas de monitoreo con uso de satélites y radares meteorológicos y sistemas de alerta temprana, a fin de optimizar y preservar el agua, de acuerdo a las condiciones geográficas del norte y sur del país, que registran disponibilidad diversa, e identificar alternativas de solución.
Consideró que el Programa Nacional Hídrico responde a los problemas actuales; sin embargo, se requieren fortalecer los estudios hidrológicos para plasmarlos en políticas públicas hacia el equilibrio en el manejo integral del agua, ya que a causa del crecimiento de la población la disponibilidad media ha descendido y aumenta la sobreexplotación de los acuíferos del centro y norte del país, mientras que el 80 por ciento del recurso se usa para la agricultura, con un manejo no bien reglamentado registrándose deficiencias que impiden optimizar el líquido.
Francisco Gavi Reyes, investigador del Colegio de Posgraduados indicó que la agricultura ha sido exitosa en producir alimentos; sin embargo, ha impactado al ambiente de manera negativa, pero la investigación, el desarrollo tecnológico y la aplicación de la tecnología pueden generar métodos más amigables al ambiente.
Señaló que una acción para mitigar el cambio climático es la reducción de gases de efecto invernadero, con el uso de tecnología y la generación de nuevos cultivos que se adapten a las condiciones climáticas cambiantes.
Saúl Ugalde Lezama, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, resaltó que México es una de las 12 naciones que albergan aproximadamente el 70 por ciento de la biodiversidad. “Nuestro país resguarda entre el 10 y 12 por ciento de la biodiversidad, a nivel global y de la cual puede disponer la humanidad”.
La investigadora del Departamento de Suelos, de esa misma institución, Elizabeth Hernández Acosta, señaló que los conflictos son una oportunidad para implementar mecanismos institucionales que permitan a usuarios y autoridades lograr acuerdos respecto a la salud pública.
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