Por: Redacción

La política persecutoria contra las adicciones no ha dado los resultados esperados, pues sigue en aumento el consumo y se expande a adolescentes y niños, por lo que es necesario que las autoridades emprendan un cambio de enfoque en las estrategias, aseveraron especialistas durante el tercer día de Audiencias Públicas sobre las Alternativas de Regulación de la Marihuana.

Fernando Gómez-Mont, ex secretario de Gobernación, consideró que el modelo prohibicionista está agotado, particularmente por la clandestinidad en la que se venden drogas como la mariguana y la corrupción en las corporaciones policíacas.

A esto se agrega que al privilegiarse una política policiaca, que concentra un presupuesto mayor, se ha debilitado el ejercicio del Sistema de Salud en la atención a las adicciones; por lo que es necesario un cambio de enfoque y destinar mayores recursos a los servicios públicos para la rehabilitación de personas adictas.

En este nuevo enfoque, consideró, deben incluirse a aquellas organizaciones sociales que laboran en clínicas de desintoxicación y anexos, que han representado un esfuerzo de solidaridad para la recuperación de las personas adictas y su atención permanente, pues se trata de una enfermedad que no tiene cura.

Catalina Pérez-Correa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sostuvo que a partir del establecimiento de la ley de narcomenudeo, se ha dado pie a la criminalización de los consumidores de sustancias de la marihuana.

Dijo que la forma en que se estableció la ley propició marcadas diferencias en su aplicación en el país, toda vez que puso en riesgo a los consumidores y comenzó a marcar los sistemas locales, pues se ha observado  un incremento de delitos contra la salud, los cuales representan el 10 por ciento a nivel nacional.

Las disposiciones en la ley han llevado a la detención  de los consumidores lo que demuestra “que es falso que en México no se criminaliza a los consumidores”. Al mismo tiempo, se desperdician recursos que podrían ser utilizados para perseguir delitos como extorsión, robo con violencia y violación.

Pérez-Correa dijo que la marihuana es la principal sustancia por la que se procesa, juzga y sanciona a las personas; y representa el 62 por ciento por de lo que se sanciona en el país a nivel nacional.

Agregó que la política de drogas no puede ser uniforme, dado que los problemas que se presentan en cada entidad son distintos. “Se requiere pensar bien en el fenómeno que se tiene en cada entidad y el problema principal que se enfrenta en cada uno”, dijo.

Amaya Ordorica Imaz, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., aseveró que los jóvenes, niñas y niños son víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, en el marco de la guerra contra las drogas, pues sostuvo que son excluidos del diseño de implementación y evaluación de las políticas en esta materia.

Enfatizó que la política pública contra el narcotráfico representa una amenaza contra la seguridad social, ya que se enfrenta este fenómeno con un enfoque militarizado, es decir, el Ejército haciendo funciones de policía, que ha dejado, señaló, más de 12 mil detenciones en 2012.

Resaltó que entre las violaciones a los derechos humanos están las ejecuciones extrajudiciales, de las cuales están registradas, dijo, más de 150 mil personas en un lapso de siete años, e indicó que en relación a las desapariciones forzadas son de unas 27 mil personas.

Subrayó que la tortura es otra forma de violación a los derechos humanos y una práctica nacional, ya que alrededor de diez mil personas son torturadas al año, de acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Ante esto, sostuvo que el combate al narcotráfico se acompaña de graves violaciones a los derechos humanos y no se logra reducir la oferta de las drogas, por lo que propuso una desmilitarización en la estrategia de política de drogas y se garantice que las políticas no consistan en la erosión de los derechos humanos.

Al realizar un recuento de las opiniones de los especialistas, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Daniela de los Santos Torres, puntualizó que la finalidad de la seguridad es hacer accesibles a la población las herramientas para tomar las mejores decisiones en su beneficio.