Por: Redacción/

El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena) señaló que establecer una política de castigo en el buró de crédito en el contexto de la pandemia, hará más complicada la reactivación económica del país, pues los acreditados no podrán acceder a otro nuevo financiamiento para la apertura de negocios.

El diputado presentó un punto de acuerdo, de urgente resolución, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Banco de México (Banxico) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a proteger a los acreditados que cayeron en mora y perdieron sus empleos por la crisis sanitaria, y no generarles una calificación negativa ante el buró.

En un comunicado, el diputado expuso que la pandemia por Covid-19 ha provocado un deterioro financiero de magnitudes incalculables, en el que no se ha contemplado la “defensa de la gente que tiene un problema financiero con el banco, que tiene una hipoteca, o que presenta algún adeudo y está cayendo en cartera vencida”.

Aseguró que de 24 millones de personas que tienen un crédito vigente con alguna institución crediticia, siete millones han buscado alguna prórroga o reestructura para poder pagar sus créditos, lo cual significa que “tres de cada 10 acreditados a nivel nacional han caído en mora y están tratando de solucionar con algún convenio su estatus crediticio”.

En ese sentido, expresó que impulsaría un pacto nacional en defensa de la vivienda y patrimonio familiar con diversas acciones para proteger las finanzas de los mexicanos.

“Estamos solicitando que mientras dure la epidemia decretada por la Secretaría de Salud, no se suba al buró de crédito a los acreditados y no se les ponga una calificación negativa en el buró, porque de establecer una política de castigo, será más complicada la reactivación económica del país”, dijo.

Agregó que presentará otras acciones, instando a las autoridades financieras y reguladoras a tomar acciones de reestructura de créditos, y bajar las tasas de interés, pues de lo contrario “estaríamos en una crisis financiera de mayores magnitudes a la del 2008 en Estados Unidos, a la del 94 en México, con el riesgo de que cerca de 11 millones de familias pierdan sus viviendas o pierdan su patrimonio familiar”.