Por: Redacción

El Poder Legislativo aún tiene pendientes por resolver para evitar la violencia contra periodistas y proteger la libertad de expresión en México; en tanto que las agresiones contra comunicadores representan un factor de descomposición social, al no permitir que la sociedad esté informada y comunicada, señalan investigadores del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

En el cuaderno de investigación “Violencia hacia los periodistas y libertad de expresión” refieren que los delitos cometidos contra periodistas para coartar su libertad de expresión, también representan una amenaza constante para el Estado mexicano.

Durante la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, se han presentado dos iniciativas para el tema de prevención de violencia hacia periodistas, las cuales están pendientes de revisión y discusión; y en la LXII Legislatura se promovieron otros 15 proyectos en este rubro (ocho están pendientes de revisión; tres obtuvieron dictamen negativo en Cámara de origen; dos fueron desechadas y dos aprobadas).

A pesar del trabajo realizado, las diferentes estadísticas muestran a México como un país donde el ejercicio de los periodistas es peligroso por situaciones como asesinatos, desapariciones, lesiones y amenazas; y no sólo se limita a individuos, sino que también a corporaciones e instituciones en materia informativa.

México recibió el puntaje más bajo en más de una década (63 puntos de 100) en el informe “La libertad de prensa 2015”, publicado por Freedom House, por lo que se coloca en el lugar 139 de 199 países, como un país con libertad de ejercicio de prensa parcial.

La organización refirió que el principal factor que merma la libertad de prensa ha sido la aprobación y uso de leyes restrictivas contra los medios de comunicación, a menudo por razones de seguridad nacional, así como los límites a la capacidad de los periodistas, nacionales y extranjeros, a informar libremente dentro de un país determinado.

La Dirección General de Análisis Legislativo detalla que, de acuerdo a “El Barómetro de la Libertad de Prensa”, del año 2004 al primer trimestre de 2016 se han confirmado 53 periodistas asesinados en el país.

Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) registró 103 periodistas asesinados en México, del año 2000 a junio de 2015. Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta 89 defunciones en ese mismo lapso.

Según la Procuraduría General de la República (PGR), de 2006 a febrero de 2016 se levantaron 851 averiguaciones previas en la Feadle por delitos cometidos contra periodistas; 31 indagatorias vinculadas con homicidio de comunicadores, del 5 de julio de 2010 al 31 de marzo de 2016.

En cuanto a los inicios y determinaciones de averiguaciones previas instruidas por delitos cometidos en agravio de periodistas y medios de comunicación, la Fiscalía reportó que, al 31 de marzo de 2016, existían 234 documentos en trámite –apenas 14 en despacho y 220 pendientes–.

De ahí que la impunidad en estos casos se aproxime al 90 por ciento, como lo refirió PEN Internacional en su “Declaración sobre Libertad de Expresión en México”, de febrero del año pasado.

El estudio del IBD destaca que 20 de las 32 entidades federativas registraron al menos el homicidio de un informador en los últimos 15 años; de acuerdo a la Feadle, los estados con mayor número de periodistas asesinados en este periodo fueron: Chihuahua (16), Veracruz (16), Tamaulipas (13), Guerrero (11) y Sinaloa (7).

En cuanto a periodistas desaparecidos, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión reportó 25, de 2005 a marzo de 2016; mientras que la CNDH fijó la cifra en 23.

Por su parte, Artículo 19 señala que 23 periodistas fueron reportados como desaparecidos durante los últimos doce años en México; en Tamaulipas (6), Michoacán (4), Veracruz (4), Guerrero (2), Nuevo León (2), Coahuila (1), Tabasco (1) San Luis Potosí (1), Sinaloa (1) y Sonora (1).

Consignada en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 6 de nuestra Constitución, la libertad de expresión comprende el derecho a la libertad de opinión y a no ser molestado a causa de ello, además de la libertad de investigar, recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas, por cualquier medio de expresión, precisa la investigación del IBD.