Por: Redacción/

Ante diputadas y diputados que integran la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, el presidente del Tribunal Superior de Justicia local, Rafael Guerra Álvarez, presentó el proyecto de presupuesto para el año 2020, que asciende a 12 mil 761 millones de pesos.

El presidente del TSJ-CDMX solicitó el apoyo del Legislativo para no tener reducciones considerables, ya que para el presente ejercicio se había hecho una petición de 10 mil 657 millones de pesos, pero sólo se le asignaron 5 mil 889.7 millones de pesos, es decir, 44.7 por ciento menos.

Diputados de los distintos grupos parlamentarios expusieron sus preocupaciones para el siguiente año, debido a las acciones que deberá desarrollar el Poder Judicial citadino, por ejemplo el funcionamiento de la Sala Constitucional; los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos, así como la implementación de la justicia laboral, que son mandatos constitucionales.

En cumplimiento a la convocatoria emitida por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el presidente del órgano autónomo presentó el proyecto de presupuesto 2020, el cual contiene la totalidad de los requerimientos para realizar las funciones de administración e impartición de justicia de la Ciudad de México.

“Para el proyecto de presupuesto 2020 se consideran las necesidades básicas para la operación normal identificadas como acciones permanentes, así como las requeridas para la implementación de los proyectos especiales, acciones transitorias”, dijo.

Guerra Álvarez resaltó que el órgano autónomo tuvo una disminución presupuestal en este año, ya que de la petición hecha (10 mil 657 millones de pesos), sólo se le otorgaron 5 mil 889.7 millones de pesos, es decir, 44.7 por ciento menos. La proyección para el año 2020 es una economía de 12 mil 761 millones de pesos, “esto en todos y cada uno de los capítulos de gasto que tenemos, tanto permanentes como transitorios”.

Detalló que del proyecto de Presupuesto 2020, el concepto de nómina y sus impuestos representan 80.7 por ciento de la nómina, es decir, el restante se canalizará para los demás Capítulos (2000, Materiales y Suministros; 3000 Servicios Generales, 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas).

Las acciones que se realizan con el presupuesto, dijo, están relacionadas con las permanentes y transitorias, en éstas resaltan 72 proyectos especiales a desarrollar el siguiente año. Entre los más importantes se encuentran: la creación de la Sala Constitucional, los Juzgados Laborales, los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos; fortalecimiento de los Juzgados de oralidad en materia civil, familiar, así como la consolidación en materia penal.

“Tenemos que transformar los órganos que por disposición legal nos están pidiendo por la desconcentración con el Poder Judicial, que son el Instituto de Estudios Judiciales, el Instituto de Ciencias Forenses y también tenemos el Centro de Justicia Alternativa. Son acciones de modernización y fortalecimiento, que va implícita la tecnología de la información”.

Agregó que en materia penal se tiene en puerta la creación de tres unidades de gestión: Juicios orales en materia penal, justicia para adolescentes, juicios especializados en ejecución de sanciones penales.

Hablar del presupuesto para el Poder Judicial implican también las economías para el Consejo de la Judicatura local, el cual también tuvo una afectación, ya que de la solicitud hecha el año pasado –para el ejercicio 2019- correspondiente a 289 millones de pesos, sólo le aprobaron 192.51 millones de pesos. En esta ocasión, la petición para el año 2020 es de 231.50 millones de pesos y por acciones transitorias estamos pidiendo 7.99 por ciento.

Y es que el Consejo de la Judicatura tiene proyectos como la reestructura de la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia, el mejoramiento y reforzamiento de la gestión del Archivo General del Consejo de la Judicatura.

Hizo énfasis en que la presente administración se ha enfocado en el salario de los trabajadores de los niveles más sencillos, para ellos se contempla un incremento salarial de 4.7 por ciento.

Cuestionamientos por Sala Constitucional, Juzgados de Tutela y Justicia Laboral

Por la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, el diputado Fernando Aboitiz preguntó si el Poder Judicial tiene la capacidad para atender las necesidades de la ciudadanía, “¿en verdad se tiene la capacidad para atender los requerimientos en todas las áreas para garantizar el Estado de Derecho?”.

Indicó que una cosa es la austeridad en la administración, pero es fundamental que el Poder Judicial tenga las herramientas jurídicas para el crecimiento de la ciudad.

Después, el diputado Tonatiuh González, del grupo parlamentario del PRI, dijo estar preocupado porque la Sala Constitucional funcionará con recursos propios del Tribunal Superior de Justicia, “por eso le pregunto su opinión o posición respecto a la implementación de esta Sala sin recursos económicos extras”.

Debido a que cada día, las instalaciones del Poder Judicial reciben grandes cantidades de personas, el legislador preguntó sobre la rehabilitación o remodelación de los edificios que resultaron dañados por el sismo de 2017.

“¿En qué se aplicaron los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, porque se tienen grandes retos como la implementación de los juicios orales y sistema penal acusatorio y todo esto requerirá recursos para cubrir las necesidades para una justicia pronta y expedita?”, también cuestionó.

Posteriormente, el diputado Jorge Gaviño, de la fracción parlamentaria del PRD, reconoció la labor que se realiza en el Poder Judicial para dirimir controversias y con ello fortalecer el crecimiento de la sociedad. “Si ustedes fracasan, entonces el Estado Mexicano fracasa en su conjunto, por eso es importante la labor que desempeñan, y por lo que escuchamos no se traduce en el tema económico. La solicitud que hace es muy importante, pero no podremos obsequiar la petición debido al techo presupuestal que ya están pre asignando desde la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno local”.

“Lo que no entiendo es por qué entre las remuneraciones al personal de carácter permanente, en el presupuesto modificado 2019 representó 22 por ciento del total de servicios personales; ahora la propuesta que hace para 2020 sólo representa 17.7 por ciento. Sin embargo, aumenta considerablemente en otras prestaciones sociales económicas; tiene 55 por ciento respecto al total de modificado 2019 y ahora en el 2020 representa 60.8 por ciento. En otras palabras usted dará más peso a otras prestaciones sociales económicas con respecto a la remuneración de personal de carácter permanente y no entiendo por qué”, resaltó.

En su oportunidad, el congresista Diego Orlando Garrido, del PAN se refirió a la Sala Constitucional; “su función será trascendental, por ello requerimos que nos desglose las estrategias y acciones que se pretenden y saber se necesita más dinero; a dónde sería direccionado éste, qué espacios se tienen pensados para su funcionamiento, cómo está pensando la implementación de esta Sala Constitucional”.

También preguntó sobre los Juzgados de Tutela de derechos humanos (los cuales al igual que la Sala Constitucional y la implementación de la justicia laboral son mandatos de la Constitución local). “Se dice que habrá 22 nuevos jueces, con la una estructura orgánica novedosa y ellos serán los jueces de mayor proximidad con la sociedad, en ese sentido cómo se pretende desglosar el ejercicio presupuestal para estos Juzgados”.

Por MORENA, el parlamentario Eduardo Santillán Pérez señaló que entre las preocupaciones que se tienen en el Congreso capitalino se encuentra la carga administrativa y los recursos económicos necesarios para cumplir con las disposiciones constitucionales a implementarse a partir del siguiente año. “Hay preocupación sobre Sala Constitucional, esperamos en el Poder Legislativo local establecer una reforma y una Ley Orgánica que permita establecerse conforme a lo planteado en la Constitución, pero que no impliquen recursos adicionales, porque se tendría que hacer una ampliación presupuestal de 90 millones de pesos”.

“Hay una preocupación por los Juzgados de Tutela de Derechos Humanos, que es otra disposición constitucional para aplicar el siguiente año; también por la implementación de los tribunales laborales”.

El legislador aprovechó para felicitar al titular del Tribunal Superior de Justicia local por la política de austeridad aplicada, pues se ha permitido continuar con el servicio en la impartición de justicia y echar a andar proyectos importantes.

En la mesa de trabajo, el diputado Christian Von Roehrich, del PAN, pidió mayor información sobre las acciones a ejecutar en materia de oralidad familiar y civil, también las prioridades para consolidar el sistema Penal Acusatorio en el caso de la oralidad penal.

“Asimismo, el Derecho Familiar debe estar en actualización en el contexto de la época de la sociedad que es cambiante, porque acuden a solicitar una justicia pronta y expedita”, resaltó el legislador.

El diputado Carlos Hernández Mirón, de MORENA, realizó cuestionamientos, dos de ellos a petición de sus compañeros Carlos Castillo y Ricardo Fuentes en el sentido de considerar la inclusión de capacitación para traductores de lenguas originarias.

También pidió mayor información sobre los Juzgados de Tutela y el monto presupuestal contemplado para el año 2020.

La CDMX tiene cuatro jueces por cada 100 mil habitantes

En la segunda parte de su exposición, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, aseguró que el Poder Judicial tiene la capacidad para atender los asuntos que ingresan, a pesar de las dificultades.

Recordó que a nivel internacional se ha determinado que por cada 100 mil habitantes debe haber por lo menos 16 jueces; sin embargo, en la Ciudad de México hay cuatro jueces por cada 100 mil habitantes.

Expedientes que ingresan a los juzgados y unidades de gestión por año son 253 mil asuntos (englobando todas las materias).

“Tenemos un cálculo que cada juzgador lleva aproximadamente 1 mil asuntos por año. Con el aumento de Juzgados para el próximo año se va a reducir 50 por ciento, es decir, 500 asuntos por año que ingresen”, remarcó.