Por: Redacción/

En la tercera y cuarta mesas del primer foro de análisis del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, académicos y especialistas coincidieron en que este documento debe ser la hoja de ruta para lograr los objetivos de los programas públicos y destacaron la importancia de que incluya la estrategia en materia de seguridad.

La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo, manifestó que los foros de análisis para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ubican a esta legislatura como un recinto abierto al pueblo que reivindica el sentido del parlamento, que es dialogar y construir acuerdos.

“Se han vertido herramientas para fortalecer o cambiar nuestras opiniones y saber si el PND propuesto es real, equilibrado, sostenido y alcanzable. Si bien tenemos bajo análisis un documento perfectible, este expone de manera adecuada la problemática que presenta el país y esboza con claridad las herramientas con las que se busca dar solución”, resaltó.

Estimó que “podemos estar o no de acuerdo con lo aquí expresado, pero coincidimos en que no hubo alguna posición improvisada por parte de todos los participantes. Aquí se han presentado aspectos que deberán fortalecer, si no en el propio PND, sí en políticas públicas que surjan en sus directrices.”.

Indicó que “las comisiones que participaron en este ejercicio damos cuenta del compromiso que tenemos con la ciudadanía de crear y mantener vigentes los mecanismos que aseguren que la población pueda influir de manera real y efectiva en la agenda pública nacional, desde sus cimientos”.

Barrera Badillo expresó que ahora corresponde a las comisiones, tomando como fuente las ponencias de estos foros, emitir una opinión institucional sobre el PND, para que, en su momento, el Pleno de la Cámara de Diputados determine si incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución.

“Hemos escuchado a lo largo de nueve horas de trabajo diferentes opiniones de servidores públicos, académicos y representantes de la sociedad civil, todas fundamentadas en un conocimiento profundo de los temas”, comentó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Miroslava Carrillo Martínez (Morena), comentó que las versiones estenográficas sobre las mesas desarrolladas estarán disponibles de manera íntegra en el sitio electrónico de la Cámara de Diputados para que puedan ser consultadas por cualquier persona.

En su ponencia, Agustín Caso Raphael, auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, indicó que el reto es alinear los objetivos y estrategias con los recursos públicos, a fin de alcanzar las metas con eficacia presupuestal. “Es un tema antiguo, pero es importante tomar en cuenta diversas constantes que fortalezcan el PND”.

Es importante la programación para unir la planeación con el gasto; el problema es que antes el PND definía programas regionales e institucionales, pero no correspondían con la estructura presupuestal. “Si eso no se organiza difícilmente se puede evaluar la eficiencia, por ejemplo, de los programas sociales”.

Gustavo Adolfo Roque López, presidente del Consejo Nacional de Doctores en Administración y Ciencias de la Adminitración, estimó que el PND es el mapa para la construcción de la paz en México. “Ha habido incapacidad del Estado para garantizar el goce efectivo de los derechos sociales, económicos y políticos”.

Apuntó que la paz es un objetivo que puede lograrse a corto plazo, pero requiere el combate a la corrupción en los ámbitos público y privado. “Eso ha distorsionado el bienestar social, y ésa es la importancia del PND”.

Jorge Vargas Morgado, investigador de la Universidad Anáhuac, campus Querétaro, expresó que en materia de seguridad pública no hay objetivos, metas, estrategias ni lineamientos en el PND. “Hay palabras ya usadas; no hay nada nuevo; ya sabemos que se transforma el Ejército en policía por vía de la Guardia Nacional”.

Indicó que no hay objetivos porque no se sabe qué se hará en los próximos cinco años, y lo peor, no se sabe qué harán las policías estatales y municipales. “Se habla de narcotráfico y crimen organizado cuando se necesita profesionalizar a los policías y hacerlos funcionarios públicos, reconocerles derechos y darles seguridad social a todos”, afirmó.

Arturo Pueblita Fernández, vicepresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), subrayó que el PND 2019-2024, debe salvaguardar la división de poderes, en particular, el Poder Judicial de la Federación; respetar en todo momento las decisiones de los jueces y establecer mecanismos de revisión y resolución para evitar que se incurra en actos de corrupción.

Consideró indispensable erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. Para lograrlo se deben establecer mecanismos que doten de un verdadero acceso a la justica a las y los mexicanos y que se dé autonomía económica a los órganos del Poder Judicial. “Es increíble los retrasos que existen en impartición de justicia y que sigan privando juicios y procedimientos largos”.

Se pronunció por establecer metas fijas para mejorar el Estado de derecho; lograr la independencia de los jueces y la profesionalización de ministerios públicos y abogados. El PND busca combatir delitos de robo de combustibles, evasión fiscal, el tráfico de armas y el lavado de dinero. “Todos estos ilícitos tienen en común la corrupción y para combatir estos flagelos se requiere voluntad del Estado y la política, ello sin endurecer la legislación penal en ese sentido”.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrilllo (MC) dijo que en términos de la evaluación y desempeño corresponde al Estado la rectoría; pidió a los expositores profundizar más sobre los indicadores, metas y objetivos.

En términos de seguridad pública, preguntó: ¿cuál sería otra ruta complementaria para combatir la inseguridad en el país y cuáles podrían ser las metas que se pudieran incorporar en términos de viabilidad y planeación?.

“Nos toca decir qué es lo que hace falta y en este sentido para nosotros sería muy rico ampliar cómo podríamos enriquecerlo, ya corresponderá al pleno decidir si las incorpora o no, pero me parece que esto nos podría ayudar bastante”.

Al responder, Agustín Caso dijo que si el PND no articula programas con recursos a través de la programación, probablemente vaya a fracasar. Con frecuencia en los planes nacionales de desarrollo, los sectoriales y los regionales especiales no hay recursos y también existen recursos sin planes ni programas. La Secretaría de Hacienda debe revisarlos para que se vinculen directamente con los recursos disponibles.

Además, los programas sociales deben tener metas y reglas de operación porque sin ello no es posible evaluar resultados. La transparencia abonará a combatir corrupción e impunidad.

Continúan estudio del PND 2019-2024

Al iniciar la cuarta mesa de análisis, Leyza Fernández Vega, subsecretaria de Innovación y Emprendimiento Cultural de Hidalgo, apuntó que el PND tiene que enfocarse a terminar con la obesidad gubernamental, para ello se requiere dignificar la labor de los servidores públicos e impulsar las buenas prácticas, porque sólo así se podrá erradicar la corrupción.

Indicó que otro aspecto que debe promoverse es empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones y terminar con los procesos discrecionales, pues delimita y genera actos deshonestos.

Claudia Alonso Pesado, especialista en Gestión y Organización Institucional, planteó la necesidad de revisar la función del Estado en materia de su capacidad regulatoria en el ámbito económico. “La estabilidad, la corrupción y el bienestar depende de la forma de cerrar brechas y permitir la distribución de la riqueza de manera más equitativa.

Aseguró que la política institucional tendrá que asumir ser garante de derechos humanos, por lo que propuso establecer de manera transversal los diseños de las políticas institucionales, la cultura democrática y la perspectiva de género.

En su turno, José Luis Leal Espinoza, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, dijo que no se puede, ni se debe permitir que las magistraturas y cargos de decisión jurisdiccional “sean botín político de administraciones locales”, por lo que propuso reformar la Ley de Profesiones para que la integración del Poder Judicial de Federación y de los estados sea por concurso, en el que se demuestre que se es mejor que cualquiera que aspire a ese puesto”.

Planteó hacer obligatoria la colegiación de abogados para litigar, porque son quienes defienden los derechos fundamentales de los ciudadanos. “No es posible que tengamos colegios de abogados que sólo se reúnen el día del abogado para hacer desayunos”. ´

Consideró que México está en un equilibrio entre la posición francesa e inglesa, entre el parlamento y las instituciones y “el PND va en ese sentido, es ambicioso, amplio, es profundo, pero los diputados apoyados por la sociedad civil, académicos y funcionarios públicos deben aterrizar y hacer justiciables los derechos, para que los ciudadanos puedan sentirlos como propios.

Imer Benjamín Flores, doctor en derecho e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, planteó que el PND no identifica el modelo que pretende desarrollar. No hay claridad de lo que busca construir como alternativa, aunque se estima que es un plan con enfoque antineoliberal. Pidió establecer ejes más claros para conocer qué se busca lograr y cómo hacerlo.

“No hay articulación para medir y evaluar cómo se van a aterrizar muchas propuestas” afirmó. Destacó que uno de los grandes rubros es el de la corrupción, que exige convocar a todos los sectores para que participen en el marco de la democracia asociativa.

Reconoció la importancia de separar el poder político del económico, cuya dualidad ha fomentado corrupción. Pidió privilegiar el respeto de los derechos humanos como eje articulador de las diversas estrategias de gobierno. Expresó su preocupación de que en la lógica de austeridad se recorte lo esencial para muchas familias que requieren apoyos, para no apagar la luz de esperanza que les queda a los mexicanos.

María de los Ángeles Huerta del Río, diputada de Morena dijo que el gran problema de no tener un servicio civil de carrera eficaz y eficiente en todos los sectores de la sociedad, “es parte de lo que podría explicar las malas prácticas y el mal gobierno que se ha tenido”, por lo que es importante resolver este tema. Afirmó que en el PND están perfectamente planteados los ejes generales, objetivos específicos, estrategias para ejecutar y los indicadores de desempeño.

De MC, la diputada Julieta Macías Rábago pidió conocer qué acciones o medidas concretas se pudieran proponer para que el Poder Judicial tenga participación en el Plan Nacional de Desarrollo.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) sostuvo que el documento no establece ninguna estrategia clara que permita a las diputadas y diputados medir la efectividad de las políticas públicas y ésa es una parte de la responsabilidad que se menciona en el artículo 5 de la Ley de Planeación. “No contiene indicadores que permitan medir el alcance de las políticas públicas desarrolladas y no existe una correlación entre el ejercicio presupuestal y las políticas públicas que se implantarán”.