• El proyecto busca garantizar la coordinación en los tres órdenes de gobierno para atender, reducir y erradicar la pobreza

Por: Redacción/

El pleno del Senado aprobó, con 101 votos, un proyecto para reformar la Ley General de Desarrollo Social, con el propósito de evitar la duplicidad de programas sociales y la asignación de beneficios a poblaciones distintas a aquellas para las que fueron diseñados.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, destacó que en el artículo 5 de este ordenamiento se incorporó la definición de “Reglas de operación”, que establece la fracción XLV del artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Lo anterior, para garantizar el ejercicio de las facultades y obligaciones de las dependencias y organismos que atienden los programas sociales.

Por su parte, el senador del PAN, Juan Francisco Larios Esparza, subrayó que el combate a la pobreza es responsabilidad del Estado mexicano y de los tres órdenes de gobierno; es por ello, que se debe de tener una coordinación concreta para atender, reducir y erradicar la pobreza.

Además, mencionó que con el dictamen se establecen medidas que eviten el incumplimiento de las reglas de operación, para castigar a los servidores públicos que intenten desviar recursos públicos o incumplan con la aplicación de los programas sociales.

En su intervención, la senadora Gabriela Benavides Cobos, del PVEM, señaló que lograr el bienestar es el objetivo principal de la agenda de desarrollo sostenible, y por ello, el Senado trabaja en un objetivo común, por lo que esta reforma evita la duplicidad de los beneficios de los programas sociales, con el fin de optimizar estos recursos.

En tanto, la senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García, aseguró que su bancada respalda el dictamen, pero criticó que “pensar que el combate a la pobreza y la desigualdad sólo se logra a través de apoyos monetarios es un gran error”.

Con las modificaciones a los artículos 43, 44 y 45 de la Ley, correspondería al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Bienestar, así como a los gobiernos de las entidades federativas y a los ayuntamientos, evitar la duplicidad de programas y la asignación de beneficios a poblaciones distintas a aquellas para las que fueron diseñados.

El proyecto de decreto fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen correspondiente.