Por: Redacción/

La diputada Rosy Morales Tijerina (PRI) propuso un cambio legal que ordene al Estado invertir recursos en infraestructura básica, equipamiento y entorno urbano de los refugios para mujeres en situación de violencia, a fin de evitar más feminicidios en México y garantizar que estos espacios públicos sean accesibles a las víctimas, incluyendo a personas con discapacidad.

A través de un comunicado, indicó que con ese fin presentó una iniciativa que reforma la fracción lV del artículo 51 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la cual busca que el Gobierno Federal haga su mayor esfuerzo para destinar el presupuesto necesario, con el objeto de disponer de instalaciones óptimas, una habitación por familia, un baño completo por cada tres estancias, cocina equipada, comedor y baños para el personal.

Así como, consultorio de enfermería, espacio para talleres grupales, capacitación o empleo, zona de descanso o esparcimiento, lavado y secado de ropa.

Morales Tijerina también planteó la adecuación de áreas para personas con discapacidad, debido a que con base en datos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) respecto al Censo de Alojamiento de Asistencia Social, la mitad de los refugios no cuentan con rampas para sillas de ruedas y más del 70 % no tiene adaptaciones en tazas de baño y regaderas.

“Las mujeres con discapacidad también son víctimas de la violencia, la mayoría de los casos se dan en el seno de su hogar, sin embargo, el fenómeno es silencioso, prácticamente son damnificadas invisibles y con altos índices de impunidad. Los datos recopilados por el gobierno de México no están desglosados en función de la minusvalía”, enfatizó.

La también integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables demandó que “los refugios deben ser una medida de protección para las personas con discapacidad, a fin de que puedan aprovechar de manera consistente, en igualdad de condiciones con los demás. Esto incluye la accesibilidad al entorno físico, considerando los diferentes tipos de necesidades para diversas discapacidades sensoriales, intelectuales, psicosociales y físicas”.

Refirió que la Organización Human Rights Watch en 2018 y 2019 realizó en Oaxaca, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México una investigación de campo, misma que documenta hechos de violencia ejercida por familiares contra personas con discapacidad.

“Las personas entrevistadas acusaron sufrir abusos que incluyen: agresión física, violencia sexual, abuso psicológico, descuido, confinamiento y amenazas verbales; además, enfrentan graves obstáculos en el acceso a la justicia, debido a que tienen pocas oportunidades de contactarse con otras personas fuera del hogar, y menos aún de presentar una denuncia sobre una presunta arbitrariedad ante una fiscalía”, expuso.

Consideró que no basta con refugios seguros, se requiere que éstos sean accesibles a las víctimas de la violencia extrema, así como para sus hijas e hijos; que las autoridades tengan clara la definición de accesibilidad, para que puedan funcionar con éxito y eviten que más mujeres sean asesinadas por razones de género.