Por: Redacción/

Funcionarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil plantearon diseñar e implementar protocolos de atención inmediata a defensores de derechos humanos y periodistas víctimas de algún tipo de agresión.

Resaltaron la importancia de fortalecer y capacitar al personal de las instituciones de procuración de justicia y de atención a víctimas como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ya que, aseveraron, han quedado rebasadas al no contar con recursos materiales y humanos suficientes para atender todos los casos.

Ayer jueves, encabezada por el diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN), se llevó a cabo, en el Centro Cultural Tlatelolco, la cuarta mesa técnica de parlamento abierto para la dictaminación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que organiza la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, que preside la legisladora Rocío Barrera Badillo (Morena).

Balam Salas, representante de la CEAV, resaltó que es necesario “desburocratizar los procesos de atención a víctimas”, y agilizar su acompañamiento. Puntualizó que la CEAV se ha visto “rebasada” para dar el acompañamiento legal adecuado, ya que sólo existen tres consejeros jurídicos, y cada uno atiende más de 200 casos.

Abundó que en el área de “primer contacto” de igual forma se ven superados por el número de solicitantes; no obstante, pese a las limitantes, se han logrado “muchos casos de éxito frente al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Gerardo de Jesús Albarrán Alba, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Periodistas de la Ciudad de México, planteó agilizar la incorporación de víctimas al Mecanismo, y reforzar las instituciones que sí funcionan, en la medida de sus posibilidades como la CEAV.

Pidió facultar a mecanismos de protección para fungir como coadyuvantes en la investigación en casos de ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, a fin de darles seguimiento y ejercer presión a las fiscalías en caso de dilación y, para ello, se creen áreas jurídicas específicas.

Propuso que se trabaje en las legislaciones locales para que las corporaciones policiales no solo estén sensibilizadas, sino obligadas a proporcionar protección inmediata a personas que se encuentran en el Mecanismo, particularmente cuando se trata de medidas urgentes.

Adriana Greaves, de Tojil, Estrategia Contra la Impunidad, indicó que los ajustes normativos no son la solución que va a llevar a que los periodistas y defensores queden correctamente protegidos, sino mejorar la operatividad de las instituciones, fortalecer la capacidad de investigación de las fiscalías especializadas y sancionar a los agresores.

“No se necesita una reforma legislativa, sino echar a andar lo que ya existe, los ajustes deben hacerse a nivel operativo, porque lo que falta es capacidad de acción por parte de las instituciones”.

Es preciso crear una unidad de evaluación y seguimiento de los mecanismos de protección y que las instituciones de seguridad pública empiecen a brindar protección y, para ello se requiere un cuerpo especializado.

Andrés Hurtado Cardoso, de Propuesta Cívica, sostuvo que es primordial generar protocolos de atención urgente, coordinación y capacitación de jueces, ya que en la inmediatez no existe un sistema de coordinación entre el Mecanismo, fiscalías y comisiones estatales de atención a víctimas, así como CNDH.

“Es preciso que se condense un sistema de coordinación que se pudiese reglamentar, estandarizar o llevarlo a la ley para que no sea una simple directriz y fortalecer el área jurídica de la CEAV”.

Subrayó la importancia de realizar investigaciones diligentes, a través de la creación de protocolos especializados, que sean del conocimiento de todas las autoridades y ahí concentrar toda la coordinación con las demás instituciones, y se considere la creación de una fiscalía en términos de personas defensoras de derechos humanos.

Yunuen Rangel Medina, representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sostuvo para hacer efectiva la atención personas defensoras de derechos humanos y periodistas es necesario que exista una “política general de protección”, que incluya un programa de prevención de agresiones y la creación de mapas de riesgo.

Asimismo, eliminar las leyes regresivas que puedan vulnerar los derechos y la correcta capacitación de los servidores públicos que asisten a víctimas o están involucrados en materia de derechos humanos, “sobre todo cuando cambian las administraciones. Tenemos que estar al día de lo que necesitan las víctimas”.