Al señalar que a los particulares y a las autoridades les resulta fácil vulnerar los derechos de las personas trabajadoras con un impacto directo en sus familias, la diputada Karina Labastida Sotelo (Morena) propuso penas de prisión para los titulares de las presidencias o de las tesorerías municipales que retrasen, nieguen o reduzcan el pago del sueldo a las personas del servicio público que lo hayan devengado.

En sesión deliberante, la legisladora planteó reformas al Código Penal del Estado de México para establecer que comete el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades la persona que realice dichas acciones, el cual se sanciona con penas de seis meses a doce años de prisión, así como la destitución e inhabilitación que corresponda.

La iniciativa, que también conlleva modificaciones a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, establece que serán motivos de suspensión de un ayuntamiento o de algunos de sus miembros el abstenerse de realizar el pago íntegro de los sueldos devengados, por las y los servidores públicos adscritos al municipio y órganos descentralizados.

Propone que las personas titulares de las presidencias y tesorerías municipales cuenten con la atribución de vigilar que el pago del sueldo de las personas servidoras públicas del municipio y de las adscritas a sus órganos descentralizados se realice de forma oportuna, íntegra y en los tiempos establecidos para ello, y de efectuar en las fechas establecidas el pago íntegro de sueldos devengados por las personas servidoras públicas municipales, respectivamente.

La legisladora subrayó que la propuesta, que analizarán las comisiones de Legislación y Administración Municipal y de Procuración y de Administración de Justicia, coadyuvará a evitar prácticas que se realizan en las administraciones municipales a finales de los periodos de gobierno debido a la falta de aseo financiero y nula planeación en cuanto a contingentes como fenómenos naturales, sentencias judiciales o épocas electorales.