Por: Redacción/
Con el fin de otorgar becas y apoyos económicos a las personas con discapacidad, trastorno conductual o generalizado del desarrollo, para motivar su acceso y permanencia en la educación, la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz (PAN) planteó reformar los artículos 9º y 72 de la Ley General de Educación en materia de equidad y excelencia educativa.
La iniciativa turnada a la Comisión de Educación para su análisis, establece que las autoridades deberán instaurar políticas para otorgar becas y apoyos económicos a los educandos con discapacidad o con alguno de los citados trastornos.
Expone que los padres de familia asumen el costo de la ayuda adicional que necesitan sus hijas o hijos estudiantes para poder transitar por el sistema educativo público; además, existen casos en que algunos no acuden a la escuela por falta de recursos económicos.
Advierte que a pesar de que hay Centros de Atención Múltiple que brindan servicios de educación especial y tienen la responsabilidad de escolarizar a las y los alumnos con alguna discapacidad, la brecha para la inclusión educativa aún es amplia.
Los educandos con trastorno generalizado del desarrollo o de conducta, son altamente funcionales y pueden transitar con adecuaciones curriculares menores y apoyos dentro del sistema educativo básico, indica.
La iniciativa, presentada ante la Comisión Permanente, menciona que el autismo es el más conocido de los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD), también denominado Trastornos del Espectro Autista (TEA). En México, uno de cada 115 niños está en esa condición.
Respecto de la discapacidad intelectual, “ésta es frecuente; tan sólo el 30 por ciento preservan un coeficiente intelectual normal o incluso superior. Entonces, aproximadamente 120 mil niños y niñas están en el supuesto planteado y muchos de ellos son atendidos en el sistema educativo básico sin considerar las adecuaciones que requieren”.
Aunado a lo anterior, el 20 por ciento en edad escolar está en riesgo de padecer problemas severos de conducta, o que dificulta su inserción a la vida escolar, familiar y social en general; además, los puede llevar a un desempeño o rendimiento escolar bajo.
No obstante que la educación es un derecho humano respaldado por la Constitución Política, aún se excluye a cientos de mexicanos y se viola el principio de una enseñanza obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, de ahí la importancia de la iniciativa, destacó la legisladora.
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