Por: Redacción/

La presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas, María García Pérez (PAN), afirmó que se debe actualizar el marco legal en la materia, a fin de incentivar la inclusión de personas con discapacidad psicosocial en actividades laborales.

Durante su participación en el Foro “La Salud Mental en los Lugares de Trabajo”, la legisladora manifestó que las empresas deben valorar los beneficios de considerar a las enfermedades psicoemocionales, como algo relacionado con la calidad de vida, para que sus trabajadores crezcan no sólo como empleados, sino como personas.

“Hay nuevas enfermedades que se han generado de la mano del uso de las nuevas tecnologías y conocer de estos temas en voz de los expertos, nos da pauta a los legisladores para generar políticas públicas que coadyuven a la prevención y tratamiento de eso males”, refirió.

Reiteró que sólo a través de un trabajo conjunto de sociedad y gobierno, se debe garantizar que quienes padezcan afectaciones emocionales como estrés o ansiedad cuenten con tratamientos que mejoren su salud.

La diputada Leticia Amparano Gamez, integrante de la Comisión Especial para revisar y analizar la legislación y política en materia de atención a la niñez y la adolescencia con autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo, sostuvo que uno de cada cuatro mexicanos entre 18 y 65 años ha padecido, en algún momento de su vida, una enfermedad mental.

La legisladora panista señaló que la Cámara de Diputados posee un gran interés en atender los padecimientos psiquiátricos, pues uno de cada cuatro hogares tiene por lo menos un familiar con este padecimiento.

Indicó que los pacientes son víctimas de violaciones a sus derechos humanos, discriminados y estigmatizados dentro y fuera de las instituciones psiquiátricas.

Refirió que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen 450 millones de personas que sufren un trastorno mental o de conducta; además, cerca de un millón de personas se suicida cada año a consecuencia de este mal.

“En México, enfermedades como ansiedad, epilepsia, depresión, alcoholismo y trastorno bipolar, son una importante causa de discapacidad; en el caso de los adolescentes el 24.7 por ciento de su población se encuentra afectada por estas enfermedades”.

Sin embargo, destacó que merece atención especial el suicidio, ya que México se coloca entre los primeros once países que enfrentan este fenómeno.

Ante este panorama, Amparano Gamez, reiteró el compromiso de los legisladores por trabajar a favor de la salud mental, lo que evitaría ausentismo e incapacidad en los trabajadores.

La directora general del Consejo de Salud Mental, Virginia González Torres, señaló que la atención para lograrla debe de ser gratuita y contener mecanismos de prevención, hospitalización, integración social y programas específicos.

Manifestó que este modelo de atención en salud mental debe aplicar para niñas, niños, adolescentes, adultos, personas mayores, y contar con establecimientos que dispongan de ropa, comida, lugares adecuados para su estancia y medicamentos.

Jorge Gutiérrez Siles, Coordinador del Programa para el Bienestar Emocional y Desarrollo Humano, expuso que el estrés laboral se incrementa gradualmente en nuestro país y que de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMS, del 40 al 43 por ciento de la población trabajadora lo sufre.

Reveló que entre los problemas de salud y productividad, México es el primer lugar en obesidad en el mundo, hecho vinculado también con las nuevas formas trabajo; “anteriormente hacíamos ejercicio y hoy estamos en la computadora; ello adicionado con un problema de nutrición, da como resultado este padecimiento”.

Eduardo Ángel Madrigal, director general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, señaló necesario que las instituciones médicas y del gobierno federal se transformen, a fin de que la salud mental tenga mayor cabida e importancia, así como la gestión de mayores presupuestos que permitan ofrecer servicios de calidad.

Mencionó como muy importante cambiar el paradigma para que la atención de los pacientes sea integral, donde se rescate la dignidad y respeto de los enfermo y se genere entorno óptimo para su recuperación y autonomía.

Humberto Vargas Flores, jefe de servicios de Medicina Preventiva del ISSSTE, propuso que en las empresas y las dependencias de gobierno exista un psicólogo social y uno clínico, para que se realice un diagnóstico social y grupal a fin de obtener un diagnóstico oportuno.

Agregó que los padecimientos de salud pueden desencadenarse por razones laborales, dado el tiempo que la gente permanece en las oficinas o empresas y el monto salarial que perciben por ello.

Silvia Carreño García, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, indicó que entre menos satisfechas estén las personas en su trabajo, tendrán mayor probabilidad de presentar estrés laboral, lo que genera baja productividad, dolores de cabeza y musculares, así como náuseas y debilitamiento.

Por ello, solicitó a los diputados revisar y reformular las leyes y reglamentos sobre las condiciones laborales para que el empleador garantice un ambiente digno y seguro, que fomente también campañas de promoción y prevención de enfermedades de manera continua.

El vicepresidente del Colegio Metropolitano de Psicólogos, Roberto Herrera Lemus, mencionó que la mayoría de las empresas no cuenta con psicólogos que ayuden al trabajador a sobrellevar los factores de riesgo laborales a los que se enfrenta día a día como son: jornadas de trabajo prolongadas, ritmos intensos, tensión, rotación de horarios, escasa posibilidad para la promoción profesional y presión de compañeros de trabajo.

Ante ello, opinó que para tener una buena salud mental las empresas deben promover cursos de desarrollo humano, actividades que cuiden la salud mental, talleres antiestrés, trabajo en equipo y la reinclusión al ambiente laboral de psicológos.

Al hablar sobre “La inclusión social en los lugares de trabajo”, la presidenta de la agrupación Voz Pro Salud Mental, Dunia Cristina Pintado Inzundegui, dijo que 80 por ciento de las personas con discapacidad psicosocial no tienen trabajo, hecho que les genera dependencia a sus familiares.

Por lo anterior, consideró indispensable estimular a las empresas para que incrementen políticas incluyentes; elaborar y actualizar las leyes de protección laboral para que exista un determinado porcentaje de plazas para estas personas. Respecto a su inclusión en la sociedad, observó que se deben promover acciones de participación ciudadana y efectuar campañas que favorezcan la concientización y cambio de creencias acerca de estas enfermedades mentales.

Del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Fernando Franco, se manifestó por cambiar paradigmas para incluir a los que sufren estas afectaciones a la sociedad y eliminar las políticas excluyentes de las empresas. “Hay que cambiar la cultura de exclusión por la de inclusión. Tenemos que unirnos y juntos lograremos una verdadera inclusión”.

Durante su conferencia magistral “Situación Actual y problemática de la Salud Mental en los lugares de Trabajo”, María Luisa Rascón Gasca, investigadora de Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, informó que en el país sólo el seis por ciento de quienes padecen alguna discapacidad mental y emocional reciben un tratamiento mínimo adecuado.

“Las personas que viven en Centros de Salud Mental suelen estar expuestas a trato degradante, pues se les mantiene en exclusión o restricción durante periodos prolongados, se les sobremedica para mantenerlos dóciles y se considera que carecen de las capacidades para tomar decisiones sobre su salud”.

La especialista recalcó que el sector salud destina el dos por ciento de presupuesto a la salud mental, lo cual es inferior a lo otorgado por diversas naciones latinoamericanas, las cuales oscilan en un margen del 4.22 al 7.5 por ciento.

Subrayó que el 80 por ciento de las personas con una enfermedad psiquiátrica se encuentran desempleadas y el resto ha tenido que ocultar su enfermedad, lo que implica no tomar o dejar su tratamiento “por miedo a ser descubierto”.

Reveló que el 10 por ciento de la fuerza laboral ha tenido depresión y en promedio se llegan a perder 36 días, por ello, agregó, es fundamental realizar cambios en la atención de la salud mental, donde se integren la recuperación médica y la reincorporación a la sociedad, que sean tratados con respeto y se les empodere.

Añadió que en cualquier lugar de trabajo debe haber un ambiente saludable para evitar que se presenten episodios de estrés, con programas que promuevan la salud y contrarresten el desgaste físico y mental.