Por: Redacción/

La diputada Graciela Zavaleta Sánchez (Morena) propuso exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que, en el ámbito de su competencia, revise políticas penitenciarias y protocolos que incidan en el respeto de derechos humanos de madres internas y sus hijas e hijos en los centros de readaptación social del ámbito federal.

Plantea también que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) desarrolle estrategias que incidan en autoridades estatales y municipales, a fin de garantizar adecuados procedimientos de ingreso, permanencia o egreso temporal o definitivo, cuando vivan con sus madres privadas de la libertad a los centros penitenciarios estatales y municipales que así lo requieran.

Se busca que la CNS considere formular planes nacionales para mejorar y fortalecer las condiciones e infraestructura de los centros de readaptación federales, estatales y municipales. El propósito, respetar y garantizar los derechos humanos de las madres y de sus hijas e hijos privilegiando el interés superior de la niñez.

En un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, Zavaleta Sánchez precisa que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un total de 60 centros de reinserción y readaptación albergan menores de edad que viven con sus madres.

De acuerdo con el “Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana. Propuesta de políticas públicas para atender de manera integral sus necesidades más apremiantes”, publicado por el colectivo Reinserta y el Instituto Nacional de las Mujeres, son madres el 43 por ciento del total de mujeres privadas de su libertad a nivel nacional.

También señala que la cárcel es un espacio de deshumanización y deterioro social, de injusticias, prejuicios, violencias y carencias. Estas condiciones inherentes a los muros de la prisión se multiplican cuando se habla de mujeres, “muchas de ellas víctimas de un sistema social patriarcal y un sistema jurídico androcéntrico”.

Argumenta que a las mujeres en reclusión, generalmente no se les brinda el trato ni las condiciones de estancia correspondientes a las características y necesidades, en los cuales se ha evidenciado que la mayoría de los establecimientos que alojan población mixta y que fueron diseñados para el internamiento de varones, no cuentan con áreas especialmente destinadas a ellas que garanticen una estancia digna y segura, tanto a esta población como para sus hijas e hijos que viven con ellas.

Conforme al diagnóstico, la mayoría de los centros penitenciarios permite la estancia de menores al interior hasta los seis años. El 23 por ciento de las mujeres tiene pensado sacar a sus hijas o hijos antes de la edad permitida; el 33 por ciento no piensa hacerlo antes y el 44 por ciento no respondió.

Además, señala que estos centros no son aptos para que vivan sus hijas e hijos, incluso prefieren tenerlos afuera, ya que las condiciones carcelarias no son adecuadas para el desarrollo y crecimiento de las y los menores.

La diputada de Morena subraya que el sistema penitenciario mexicano debe brindar atención a madres internas, a niñas y niños quienes requieren condiciones específicas para garantizar plenamente sus derechos de conformidad con los estándares internacionales y la normatividad aplicable en su caso.

Un tema especialmente sensible, es la protección de los derechos de niñas y niños nacidos en centros de reclusión y de readaptación social, además de atender los de las madres reclusas; sin embargo, no puede ignorarse que los ambientes penitenciarios no son seguros y sí adversos para el respeto y protección de los derechos, particularmente para esta población.