Por: Redacción/

En reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales, se dio lectura y discusión a cuatro proyectos de dictamen y una iniciativa ciudadana.    

El primero elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto para reformar el primer párrafo del artículo 28 constitucional, en materia de condonación de impuestos, el cual fue devuelto por la Cámara de Diputados.

 En la discusión, los senadores Samuel García, de Movimiento Ciudadano, Silvana Beltrones del PRI, Damián Zepeda, del PAN, Raúl Bolaños Cacho-Cué, del Partido Verde, y Julen Rementería del PAN, rechazaron el dictamen enviado por la Cámara de Diputados, toda vez que cancela la posibilidad de conceder exenciones de impuestos, las cuales, aseguran son necesarias en momentos de desastres como en los sismos. Insistieron en entablar una reunión con diputados, a fin de conciliar criterios entre ambas Cámaras respecto a temas prioritarios.

Los senadores de Morena, José Narro y Alejandro Peña, respaldaron las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados, puntualizando que fueron avaladas por 421 legisladores.

 Un segundo proyecto de dictamen leído y discutido, elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, fue el relativo al proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo a la fracción XXIX-P del artículo 73 constitucional, a fin de expedir la Ley General en Materia de Adopción.

 En este caso, los senadores coincidieron en la necesidad de promulgar este ordenamiento, a fin de contar con un solo criterio en la materia a nivel nacional.

 Un tercer proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, fue el relativo a la reforma del artículo 27 constitucional, a fin de facultar a la federación para la extracción de piedra caliza.

 Los legisladores coincidieron en la necesidad de establecer una regulación sobre la industria de la extracción de este material, el cual fue olvidado, en el momento de redactarse la original Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que determinó sobre los materiales que existen debajo de suelo mexicano, son propiedad de la nación, olvidando ese mineral.

En la discusión del proyecto, resaltaron la necesidad de implementar un parlamento abierto con la participación de los industriales del ramo, para establecer nuevos criterios.

El senador Samuel García, de MC, subrayó la importancia de que los industriales evolucionen en el proceso de extracción y pulverización. Deben encapsular los residuos y no sean factor contaminante. Dijo, que se debe asignar en esta reforma a los industriales obligaciones para la remediación de los suelos.

El cuarto proyecto de dictamen, presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, la de Zonas Metropolitanas y Movilidad y las de Estudios Legislativos Primera, y Segunda, fue el relativo a la reforma de diversas disposiciones constitucionales en materia de seguridad vial.

La senadora Nancy de la Sierra, del Partido del Trabajo, expuso que se hacen urgentes estas reformas, para dar congruencia a la agenda 2030 de la ONU. Informó que en su carácter de responsable de la agenda 2030 en el Senado de la República, ha sostenido diversos encuentros con el gobierno federal, para la implementación de políticas relativas.

La senadora Xochitl Gálvez (impulsora) y el senador Damián Zepeda, del PAN, hablaron de la importancia de ponderar el papel del peatón y sus necesidades, frente a los vehículos automotores. Además de incluir el concepto movilidad, dentro del proyecto presentado.              

Los legisladores escucharon a dos ciudadanos oriundos de Sinaloa, quienes presentaron una iniciativa ciudadana para reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Proponen endurecer los requisitos para conformar y mantener el registro de un partido político nacional.

Los ciudadanos Héctor Melesio Cuén Ojeda y Víctor Antonio Corrales, consideran pertinente que los partidos políticos, deban contar con una votación mínima del cinco por ciento en los comicios nacionales para poder conservar su registro. 

En estos momentos, la ley exige a los partidos políticos nacionales cumplir con el tres por ciento de votos.