Por: Redacción/
La diputada Azucena Rodríguez Zamora (PRD) planteó reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para elevar al 30% el porcentaje de las participaciones federales a estados y municipios, a fin de descentralizar el gasto público y fomentar la independencia hacendaria y presupuestal de éstos.
Propuso elevar a 30 puntos el porcentaje del Fondo General de Participaciones que debe distribuirse a las entidades federativas y a los municipios, de manera que recuperen la capacidad para atender con calidad, eficiencia y oportunidad los servicios públicos a su cargo, así como la política social y el desarrollo de la infraestructura, lo que posibilitará a la población una mejor calidad de vida.
Para lograrlo, detalló, se establecerá un periodo de transición de cinco años (contado a partir de su entrada en vigor), en cada uno de los cuales se incrementarán sucesivamente dos puntos en el porcentaje indicado, de modo que al término del plazo se alcance el porcentaje de ley.
“Esto permitirá la adecuación financiera, administrativa y la armonización reglamentaria de los distintos órdenes de gobierno”, aseveró Rodríguez Zamora en un comunicado.
Acusó que la 4T impulsa una concepción centralista para impedir la autogestión y autonomía de estados y municipios, por lo que esta iniciativa busca contribuir con el desarrollo federalista del país en los tres órdenes de gobierno, tal como se mandata en la Constitución.
Recordó que la Ley de Coordinación Fiscal fue promulgada en 1978, con el argumento de que los gobiernos locales no eran capaces de recaudar eficientemente los impuestos, por lo que debían ceder sus potestades tributarias a la Federación la cual, a cambio, les otorgaría participaciones en un porcentaje del monto recaudado.
Por tal motivo, expuso la perredista, los estados y municipios quedan completamente subordinados hacendaria y presupuestariamente al Gobierno Federal, pues sus ingresos dependen de las participaciones y las aportaciones federales en el 80%.
Apuntó que hay entidades federativas cuyos ingresos dependen en más del 90% de las trasferencias federales, como Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
“En todos los casos, los gobiernos estatales y municipales padecen por la falta de autonomía y fortaleza hacendaria para emprender los planes de desarrollo y los programas que requieren la atención de las necesidades inmediatas y de largo plazo de la población siendo dependientes del Gobierno Federal”, concluyó.
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