Por: Redacción/ 

La diputada Fabiola Raquel Loya Hernández (MC) planteó modificar diversas leyes para que los hijos de reclusas tengan garantizados derechos sociales, servicios especializados, alimentación adecuada y atención psicológica.

Propuso reformar el artículo 4º de la Ley de Asistencia Social, con el objetivo de proteger a infantes en situación de acompañamiento, o bien, cuando estén a cargo del padre, tutor o custodio.

Se agregaría una fracción al artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y definir que las bases de datos deberán contener, al menos, el nombre completo de la niña o niño que viva con su madre en el centro penitenciario, sexo, acta de nacimiento, expediente médico con historial clínico completo, así como nombre completo, dirección y parentesco en caso de que se tenga algún familiar, padre, tutor o custodio fuera del centro.

De la misma ley, se reformaría el artículo 36 para establecer que las mujeres privadas de su libertad tendrán derecho a que su hija o hijo reciba alimentación adecuada, acorde a su edad, con el fin de proteger su desarrollo y nutrición; además, que tenga atención psicológica durante y después del acompañamiento.

Para garantizar los derechos de los infantes, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia supervisará sus condiciones en las prisiones y garantizará estos derechos.

Asimismo, sugiere cambios a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que el Sistema Nacional de Protección Integral tenga la atribución de ordenar y sistematizar la información de los infantes a beneficiar.

La iniciativa, que analizan las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y la de Justicia, expone que, aunque la ley garantiza los derechos y existen políticas públicas que protegen a los infantes, hay una población que es invisible para el Estado.

“Hasta antes del 2016, no existía un marco normativo que regulara la situación de permanencia de los menores, hasta que se creó la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la que se establece que las niños y niños pueden permanecer con sus madres hasta los 3 años de edad”.

De acuerdo con investigaciones de Reinserta AC, y de Inmujeres, hay alrededor de 500 menores de edad que viven en centros penitenciarios junto con sus madres. El estudio refleja una muestra de 11 prisiones femeniles donde las madres expresan las deplorables circunstancias en las que están los niños.

El documento realizado en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla de la CdMx cita que las internas afirmaron que la alimentación de sus hijas e hijos es insuficiente y no tienen acceso a vacunas. La mayoría de las madres en prisión son de bajos recursos y no tienen apoyo económico de sus familiares, por lo que sólo se mantienen de lo que el centro penitenciario les provee.

Además, cuando el menor cumple la edad marcada por la ley para permanecer con sus madres dentro de los centros penitenciarios, éstos son distanciados para que un tutor se encargue de ellos, o bien, el DIF los recoja para darlos en adopción.

Ante ello, agrega, es necesario contar con un área especializada en psicología con el fin de apoyarlos en su incorporación a la vida en comunidad, porque el sistema carcelario no les permite conocer el exterior, además de ser en un lugar susceptible a la violencia.

Señala que el sistema penitenciario tiene ayuda psicológica para las internas, derecho reconocido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero se requiere ampliar este servicio a los menores.

La finalidad de contar con un registro de los menores que viven en penales, agrega la iniciativa, es para que el Estado diseñe e impulse políticas públicas específicas para atenderlos.

El documento expone que con estas reformas las niñas y los niños en situación de acompañamiento en prisión podrán acceder a los programas sociales en igualdad de condiciones que los menores que están al exterior.