Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), proponen solicitar al gobierno del Distrito Federal que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) local, realice las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la Ciudad de México, ante la presunta presencia de diversas organizaciones criminales.

A través de un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta del Senado el pasado martes 27 de octubre, los legisladores aseveran que, de acuerdo a organizaciones civiles, iniciativas empresariales e incluso el Congreso de los Estados Unidos, desde hace varios años en el Distrito Federal hay presencia de organizaciones criminales.

Esta situación, exponen, en constantes ocasiones ha sido negada por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y por el titular de la Procuraduría General de Justicia, Rodolfo Ríos Garza.

En el documento recuerdan que el Jefe de Gobierno ha expresado que “la Ciudad de México no tiene la presencia, ni asentado un cártel, tenemos objetivos en movimiento y que pueden ser capturados aquí; ha habido capturas de la Marina, del Ejército, de la Policía Federal y de la PGR, esto incluso hemos participado en la seguridad perimetral, es muy diferente a que aquí esté asentado un cártel”.

No obstante, subrayan que la percepción es totalmente contraria, ya que, según testimonio de Guillermo Gazal Jafi, presidente de la organización Empresarios y Comerciantes Unidos para la Protección del Centro Histórico (Procentrhico), ha expresado que casi todo Iztapalpa y Tepito son territorios prohibidos.

 “En Iztapalapa es casi tierra de nadie, y en Tepito nadie entra porque ahí sí podríamos hablar no sólo de bandas, sino de cárteles. Por eso nadie se mete con Tepito”, señala el líder empresarial.

Aunado a ello, recordaron que la madrugada del 19 de octubre del año en curso, se dio a conocer el hallazgo de un cuerpo de un hombre colgado en el puente vehicular de “La Concordia”, ubicado en la delegación Iztapalapa del Distrito Federal.

Asimismo, exponen, se encuentran ampliamente documentada la comisión de múltiples delitos tipificados como graves –entre los que destacan secuestros y homicidios– en perjuicio de la estabilidad, paz y tranquilidad de los habitantes de la entidad. Mencionan casos como el secuestro y homicidio de 13 jóvenes en el bar Heaven, en mayo de 2013, así como diversas extorsiones denunciadas en el Centro Histórico y la colonia Condesa.

Indican que además de la gravedad inherente al homicidio de una persona, dicho acontecimiento forma parte de una serie de conductas antijurídicas, tipificadas como delitos por las leyes penales, en donde la constante ha sido la ausencia de resultados y la impunidad.

Asimismo, reportan que de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, en el Distrito Federal 67.6 por ciento de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja a la entidad, seguido del desempleo con 38 por ciento y la corrupción con 36.2 por ciento.

Detallan que la ENVIPE señala que la percepción del narcotráfico en la capital del país pasó de 17.2 por ciento en 2014 a 22.7 por ciento en 2015, mientras que la falta de castigo a delincuentes, lo hizo de 17.7 por ciento a 21.2 por ciento. Lo anterior deja de manifiesto que, contrario a lo que ha expresado el Jefe de Gobierno, existen zonas de la entidad altamente vulneradas por la presencia de organizaciones criminales.

Recordaron que el 20 de octubre fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre quemado en los alrededores de la Central de Abasto, también ubicada en la delegación Iztapalapa y, según reportes de la Procuraduría General de Justicia, el cuerpo se encontró vendado de los ojos y con signos de tortura.

Adicionalmente, el 21 de octubre, fue encontrado el cuerpo de un hombre que murió a consecuencia de impactos de arma de fuego en la delegación Iztapalapa. Como había ocurrido con la persona hallada en el puente de La Concordia, el cuerpo estaba cubierto con un mensaje dirigido al Jefe de Gobierno en el que se hacía alusión a “internos de oriente” y al “penal de Chihuahua”.

Ante esto, el Grupo Parlamentario del PRI plantea este punto de acuerdo, que fue turnado a la Comisión del Distrito Federal. Es fundamental, destacan, que organizaciones de la sociedad civil, gremios, instituciones y población en general, cuenten con certeza jurídica, tranquilidad y seguridad, que hagan asequible su pleno y normal desarrollo.