Por: Redacción/

Con el fin de inhibir el mal uso de fondos y recursos federales, el diputado Jorge López Martín (PAN) planteó reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de establecer que será culpable de desvío de dinero público el funcionario que utilice vuelos privados para el ejercicio de su cargo, así como automóviles con un valor superior a los 300 mil pesos.

La iniciativa que agrega un párrafo al artículo 54 en materia de las faltas administrativas graves de los servidores públicos, considera, además, que el uso de helicópteros y aviones para fines distintos de los que fueron adquiridos, es muestra del empleo indebido que se hace de los recursos, sin que a la fecha existan investigaciones pertinentes.

Son los casos, ejemplificó, de servidores públicos que “han utilizado los bienes de la Fuerza Aérea Mexicana para fines ajenos a su actividad, así como el uso de helicópteros oficiales para viajes familiares”.

El documento, que se encuentra en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, reitera que se aprovechan los recursos de manera no apropiada y se gasta en lujos exagerados no necesarios; un ejemplo, dijo, son los vehículos en los que se transportan, tanto terrestres como aéreos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que hace referencia al artículo 110 de la Carta Magna, “esos servidores públicos son sujetos de juicio político”, afirma.

Gobernadores, diputados de legislaturas estatales y magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, “podrían ser sujetos de juicio político” por violaciones graves a la Constitución y a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, precisa.

La iniciativa expone que es importante tomar medidas para evitar gastos innecesarios, atender a la austeridad y contar con lo necesario para poder realizar las funciones que como servidores públicos se tienen.