A fin de facilitar el acceso a políticas públicas, el ejercicio pleno de sus derechos y la conservación de sus tradiciones y cultura, el diputado Braulio Antonio Álvarez Jasso (PRI) propuso al Congreso mexiquense integrar 103 nuevas comunidades ubicadas en 16 municipios al listado de localidades indígenas del Estado de México.

La iniciativa se deriva del informe elaborado por el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cedipiem) el cual detalla las 103 comunidades que solicitaron su inscripción en el listado y que se ubican en los municipios de Ixtlahuaca, Almoloya de Juárez, Acambay, Tenango del Valle, El Oro, San José del Rincón, Temascalcingo, Ocoyoacac, Toluca, Temoaya y Texcoco.

De ser aprobada la iniciativa, indicó el diputado Braulio Álvarez se reconocería por primera vez la existencia de comunidades indígenas en los municipios de Chalco, Nicolás Romero, Ecatepec, Teotihuacán y Polotitlán, como lo señala el informe que recibió, como representante del Poder Legislativo ante la Junta de Gobierno del Cedipiem y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, el 12 de julio pasado.

Cabe señalar que el listado de comunidades indígenas publicado en el decreto 157 en noviembre de 2013 reconoce 741 localidades asentadas en 43 municipios, por lo que, de ser aprobada la reforma, aumentaría a 844 el número de comunidades asentadas en 48 municipios, una vez acreditados ante el Cedipiem diversos requisitos sobre su forma originaria de organización social, cultural y económica.

De acuerdo con la iniciativa, los pueblos originarios con mayor presencia e influencia cultural en el Estado de México son el otomí, náhuatl, mazahua, tlahuica y matlatzinca, así como los migrantes, los cuales son reconocidos por la normatividad local, nacional e internacional y gozan de los derechos necesarios para la conservación de sus tradiciones y el desarrollo de su cultura.

La Constitución Política estatal reconoce su derecho a la libre determinación, a manifestar su cultura, a preservar y enriquecer su lengua, que se les consulte en proyectos que involucren sus territorios y recursos, que se les trate con igualdad jurídica y que puedan acceder a los beneficios de las políticas públicas. Para su dictamen, la iniciativa fue remitida a la Comisión de Asuntos Indígenas.