Por: Redacción

A fin de reforzar la atención a mexicanos que viven en Estados Unidos y a los que son repatriados como producto de la política migratoria xenófoba de Donald Trump, el diputado federal del PRD, Rafael Hernández Soriano, pidió a la Comisión Permanente exhortar al gobierno federal a que informe sobre los resultados de sus acciones para atender este tema, lo que permitirá prever necesidades presupuestarias.

El legislador indicó que en estos primeros seis meses del gobierno de Trump se puso en marcha una política migratoria hostil hacia los latinos, y en lo que se refiere a los mexicanos impacta a 11.5 millones de personas, de las cuales 2.4 millones –el 20.59 por ciento de este universo- son niños y jóvenes.

El también secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez, propuso que se exhorte a las secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE), de Educación Pública (SEP), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Trabajo y Previsión Social (STPS) y a la de Desarrollo Social (Sedesol), para que informen sobre las acciones implementadas, los resultados obtenidos y las estrategias de coordinación para atender a los migrantes repatriados en estos primeros seis meses del nuevo gobierno estadounidense.

De igual forma, propuso que el titular de la SEP informe sobre las acciones y los avances para la implementación de la reforma a la Ley General de Educación relativa a la agilización de los trámites de revalidación de estudios de migrantes.

Añadió que con base en datos recientes, la administración Trump deportó en ese mismo periodo de tiempo, a 50 mil 326 mexicanos por diversos puntos fronterizos, el mayor número fue por el estado de Tamaulipas.

El legislador del PRD agregó que el exhorto a las secretarías federales -el cual es analizado por la Segunda Comisión de la Comisión Permanente- es para que los requerimientos de cada sector poblacional sean atendidos, con el objetivo de brindar especial atención y seguimiento; además de que se realice un trabajo coordinado entre las autoridades.

En el caso de la niñez y la adolescencia –abundó- implica garantizarles el acceso a los servicios básicos de salud de segundo nivel, facilitar su incorporación al sistema educativo, revalidar estudios, satisfacer las necesidades del idioma, así como contar con capacidad de las escuelas para recibir a esta población.

Respecto a los jóvenes, Hernández Soriano indicó que el gobierno debe facilitar su ingreso al sistema educativo, dar oportunidades de mercado laboral que aprovechen sus aptitudes, principalmente el idioma y en el caso de los adultos, reforzar los criterios y facilidades para adquirir viviendas, acceso al sistema nacional de salud, convalidación de su experiencia laboral, así como oportunidades de crédito para iniciar sus propios negocios, y todo lo necesario para garantizar su reincorporación rápida a la sociedad.

En este contexto, mencionó, el Estado mexicano está obligado a cuestionar la situación en la que se encuentran los connacionales que han sido repatriados, pues de esta manera se podrá proyectar el futuro a los mexicanos que regresarán en los próximos meses, y a su vez, se conocerá la eficacia de la estrategia implementada o la necesidad de su replanteamiento.

El legislador federal resaltó que está por presentarse el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2018 y a partir de su discusión “podremos reforzar presupuestalmente las áreas que correspondan para que las políticas migratorias del Estado mexicano puedan rendir los mejores resultados”.

En otro orden de ideas, Hernández Soriano también propuso exhortar al secretario de Relaciones Exteriores a que informe sobre los avances y resultados por cada una de los 50 consulados en EU respecto a la aplicación de las medidas de protección de la población migrante, así como del ejercicio de los recursos donados por el INE por cada uno de los programas y unidades responsables de gasto.

La llegada de Trump a la Casa Blanca colocó en condición de vulnerabilidad a los inmigrantes indocumentados que son víctimas de deportaciones masivas en las que los procedimientos son arbitrarios y representan una amenaza para este sector, agregó.