Por: Redacción/
El diputado Diego del Bosque Villarreal (Morena) hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a que garantice el respeto a los derechos laborales de las y los mexicanos ante la incertidumbre derivada por el Covid-19.
Asimismo, solicitó a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas y a los encargados directos de las juntas tribunales federales y locales relativos a materia laboral, para que en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, garanticen los derechos de todos los trabajadores, permitiendo que gocen del principio de estabilidad laboral, en tanto dure la emergencia por la pandemia.
A través de un punto de acuerdo, el legislador manifestó que con esta petición se buscará que no se generen despidos injustificados, ni descansos obligatorios sin sueldos que lleguen a afectar la estabilidad económica de los trabajadores y, a su vez, de sus familias.
Del Bosque Villarreal argumentó que desde antes de iniciado el brote de coronavirus en el país, las empresas, previendo un golpe a la economía, comenzaron a tomar medidas de control frente a sus trabajadores, entre ellas despidos o bajas “voluntarias”, sin que muchas de ellas fueran realizadas de acuerdo a lo señalado por la legislación reglamentaria en materia laboral.
Explicó que los artículo 42 Bis y 429 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo establecen cómo debe actuar un patrón respecto a la relación que tiene con sus trabajadores, señalando que, en caso de ocurrir contingencia sanitaria en el país, éste tiene que pagar una indemnización consistente en un salario mínimo por cada día que dure la suspensión, sin que esta llegue a exceder más de 30 días.
El legislador aseguró que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hay 47 millones de obreras y obreros en el país, algunos de los cuales ya están sufriendo las consecuencias del paro de actividades, por lo que de acuerdo con lo establecido en artículo 123 fracción XXXI constitucional, la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas, salvo algunas actividades a la Federación.
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