Por: Redacción

La diputada Maricela Contreras Julián (PRD), presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, propuso reformar el artículo 4° constitucional para garantizar el derecho al matrimonio sin discriminación por razones de género, preferencia sexual, origen, discapacidad, condición social o de salud, religión o cualquiera que atente contra la dignidad humana.

En el documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó que la comunidad gay, lésbica, bisexual y transgénero, por siglos ha sido discriminada, extorsionada y humillada; muchos de sus integrantes han sido expulsados de sus hogares por sus propias familias; han sido encarcelados y se les ha estigmatizado, y condenado a vivir en la clandestinidad, otros más, incluso han sido asesinados por esa causa, dijo.

Precisó que en los últimos 20 años se han registrado mil 218 asesinatos por homofobia en México, lo que lo ha posicionado en el segundo lugar mundial en este tipo de crímenes; además, “se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro que no se denuncian”.

Señala que estos actos criminales merecen ser investigados, pero “la legislación penal no tipifica los crímenes cuyo móvil es la homofobia”; de ahí la importancia de comenzar procesos que eliminen estigmas, prejuicios y negativas de derechos.

Explica que de acuerdo con el Informe de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, realizado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, de esa cifra de homicidios, 976 se cometieron contra hombres, 226 travestis, transgénero y transexuales, y 16 víctimas fueron mujeres.

Precisa que la Ciudad de México encabeza la lista con 190 casos; el Estado de México con 119; Nuevo León, 78; Veracruz, 72; Chihuahua, 69; Jalisco, 66; Michoacán, 65, y Yucatán, 60. En más del 80 por ciento de los casos, las personas fueron agredidas con arma blanca, “siguieron golpes, asfixia, estrangulamiento o ahogamiento, disparo de arma de fuego, ataque con objetos contundentes, atropellamiento, tortura, calcinamiento, descuartizamiento y envenenamiento”.

Asimismo, 23 víctimas eran menores de edad; 266 tenían entre 30 y 39 años; 261, entre 18 y los 29 años; 170 iban de entre 40 a 49 años; 105 mayores de 50; y 174 de 60 en adelante. En 319 casos no se encontró el dato.

Contreras Julián destacó la necesidad de legislar con base en los principios de igualdad y no discriminación y que el Poder Legislativo debe contribuir a que se hagan efectivos.

“Trabajamos para hombres, mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados y personas con independencia de su preferencia sexual, por lo que nuestro papel es recurrir o utilizar los instrumentos jurídicos para reconocer los derechos de toda personas, en nuestro ámbito de competencia”.

Se pronunció por reconocer plenamente los derechos de la diversidad sexual, eliminar disposiciones jurídicas que discriminen por orientación sexual, y no utilizar la ley para limitar su libre ejercicio.

Aseguró que afirmar los derechos humanos de gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros, no significa que sean nuevos o especiales, sino exigir que se garantice a todas las personas, con independencia de su orientación sexual, el pleno disfrute de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.