Por: Redacción 

La vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la ALDF, Rebeca Peralta León, solicitó a las autoridades penitenciarias flexibilizar las reglas que regulan el uso y la portación de brazaletes electrónicos para que un mayor número de internas e internos cumplan su sentencia en sus domicilios, lo cual contribuirá a una mejor reinserción social y a disminuir el hacinamiento ysobrepoblación en las cárceles de la Ciudad de México.

“Desde hace años el uso de esta herramienta tecnológica se ha convertido en una alternativa al encarcelamiento y actualmente sólo 11 prisioneros tienen brazaletes activados, dentro de un rango de
distancia, en sus hogares. Un equipo de cinco profesionistas monitorean, desde el penal de Santa Martha Acatitla, vía satelital las 24 horas del día para conocer el sitio en que se encuentra el
reo”, precisó.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) comentó que el programa comenzó en 2006 y a la fecha se han entregado un total de 436 brazaletes electrónicos (416 a hombres y 20 a mujeres).

La representante popular por Iztapalapa consideró que entre las ventajas del uso del brazalete electrónico se encuentren: La disminución del hacinamiento –al 19 de agosto de 2016 se tenían en las
cárceles capitalinas 33 mil 389 reos-, la reducción de la sobrepoblación, se generaría un ahorro en el gasto público destinado a comida, vestido, educación y esparcimiento para el recluso, se evitarían cualquier tipo de riña, disturbio o enfrentamientos en las prisiones, se tendría un valioso instrumento de reinserción social pues los sentenciados convivirían con sus familias, entre otros.

La diputada señaló que el beneficio de la Reclusión Domiciliaria mediante Monitoreo Electrónico a Distancia está contemplada en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el
Distrito Federal, y establece que corresponderá al sentenciado cubrir el costo del brazalete, mismo que actualmente cuesta 71 mil 340 pesos y se otorga mediante la garantía de una fianza de entre 20 y 25 mil pesos depositada en el juzgado.

Señaló que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en febrero de 2015, declaró válido que las internas y los internos que compurguen una sentencia y quieran gozar del beneficio de la prisión domiciliaria deben pagar el costo del brazalete electrónico, con el cual se les mantendrá monitoreados.

Recordó que la resolución de la Corte se dio luego de que la CNDH promoviera una acción de inconstitucional contra la medida al considerar que la realización del pago del dispositivo violenta los
derechos humanos por discriminar a los sentenciados de acuerdo a su situación económica y que además no contribuye a reducir la brecha de desigualdad.

Precisó que el artículo 31 de la Ley de Ejecución de Sanciones penales y Reinsercicón Social establece los requisitos para otorgar la prisión domiciliaria en la capital del país, entre los que se encuentran ser primodelincuente; que la pena privativa de libertad sea mayor de cinco y menor de diez años en prisión; que le falten por lo menos dos años para obtener el beneficio de tratamiento preliberacional; y cubra la totalidad de la reparación del daño.

Además, agregó, obtener resultados favorables en los exámenes técnicos que se le practiquen; compruebe fehacientemente contar en el exterior con un oficio, arte o profesión o exhiba las constancias que acrediten que continúa estudiando; que cuente con aval afianzador; que acredite
apoyo familiar; y cubra el costo del dispositivo electrónico de monitoreo.

Dijo que de acuerdo al artículo 32 del citado ordenamiento, no se otorgará el brazalete electrónico a los sentenciados por los siguientes delitos: homicidio, secuestro, tráfico de menores, violación, incesto, corrupción de personas menores de edad o personas que no tengan la capacidad de resistir la conducta, turismo sexual, pornografía, lenocinio, robo, extorsión, asociación delictuosa, delincuencia organizada y tortura.

Finalmente, indicó que además de México, en la actualidad Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Portugal, Suecia y Estados Unidos han experimentado un uso adecuado y sostenible de los brazaletes electrónicos.