Por: Redacción/

Expertos en materia de comunicación se pronunciaron a favor de elaborar un nuevo marco jurídico que dote de autonomía y garantice un presupuesto adecuado y eficiente para transformar a los medios públicos en entes con objetivos claros, que ayuden a construir ciudadanía y no sólo compitan por la audiencia.

Durante la discusión del tema “El Papel de los Medios Públicos del Estado Mexicano”, en el marco del foro “Hacia una agenda legislativa en materia de comunicación pública”, los ponentes urgieron a hacer cambios pertinentes, pues de continuar el marco legal actual, “sólo se mantiene un medio gubernamental al servicio de funcionarios”.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) propuso mesas de trabajo mensuales con especialistas, académicos y demás involucrados, a fin de discutir y analizar una legislación eficaz en materia de comunicación pública.

Mencionó que desde hace 30 años se ha intentado buscar el camino para que los medios contribuyan al fortalecimiento de la democracia: “hoy tenemos la oportunidad de consolidar esta idea”.

Jenaro Villamil Rodríguez, escritor y reportero de la revista Proceso, señaló que no existen medios públicos, pero sí gubernamentales y otros más que se dicen públicos. “No existe un modelo de medios públicos en nuestro país, pues no hemos salido de la fórmula mexicana de televisión y radio”.

Esta puede ser “la primera vez en la historia de México en que concesionarios no redacten la ley de medios públicos ni de radiodifusión”.

Se necesita articular un gran modelo o sistema que incorpore al resto de infraestructuras públicas, como Notimex, que requiere de autonomía generadora de contenidos y se aleje del burocratismo. “No se trata de borrar a los medios concesionados, sino generar un modelo propio y efectivo”.

El profesor investigador del Tecnológico de Monterrey y colaborador de la revista Proceso, Jesús Cantú Escalante, indicó que si los medios públicos compiten por audiencia, no podrán cumplir su función.

Tener un medio público requiere de un presupuesto asegurado y adecuado, algo que, dijo, inclusive forcejean instituciones y organismos autónomos. Cuestionó que en prácticamente todos los órganos autónomos, se privilegia el conocimiento técnico que conduce a una endogamia, y representa la tecnocracia.

“¿Qué debemos valorar? Sí la experiencia y el conocimiento, pero tomar en cuenta que quienes lleguen ahí no vengan a replicar el modelo comercial, que estén comprometidos con un periodismo alternativo, que impulse el debate, la investigación, la agenda pública, que dé voz a los invisibles y permita recrear espacios de opinión pública, y construir la ciudadanía”.

Javier Esteinou Madrid, dos veces ganador del Premio Nacional de Periodismo, aseguró: la ausencia de un marco jurídico adecuado, permitió que estos organismos “siguieran funcionando como un medio gubernamental al servicio de un funcionario público”.

Pidió modificar los candados en las leyes secundarias que son tramposas; repensar qué es el sistema público, cuáles son sus objetivos, pues, aclaró, hay aspectos vagos como el de “la construcción de la identidad nacional”.

Criticó que en el gasto de publicidad gubernamental entre 30 y 40 por ciento se destine a medios comerciales, mientras que una menor parte se dirige a los públicos. “Invertir en los medios públicos es realizar una inversión para los cimientos de la nación y pueden generar grandes ahorros, además de que la construcción de la cultura es altísimamente rentable”.

Aleida Calleja Gutiérrez, del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, mencionó que la reforma Constitucional al artículo de sexta buscaba transitar de medios oficiales gubernamentales a medios de concesiones de uso público, es decir, que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), conformara una televisión nacional pública, lo cual hasta el momento no ha ocurrido”.

Existe un problema en términos de política pública, pues el Estado ha sido disperso con los ordenamientos al implementar diseños desiguales, pues se han dispuesto a generar respuestas al momento.

Enfatizó que es fundamental entender que las televisoras y radiodifusoras culturales no deben restringirse sólo a la agenda cultural, pues estos medios están vinculados con la libertad de expresión y acceso a la información. “Son espacios privilegiados para la deliberación democrática”.

Periodistas independientes fijan postura ante eventuales cambios en comunicación

Previamente, en la mesa “Los Nuevos Desafíos en las Estrategias de Comunicación Pública”, comunicadores independientes coincidieron en que la agenda de la siguiente administración debe acompañarse, principalmente, del respeto a la vida y el ejercicio de los informadores.

Cuestionaron si se prevé algún plan de contingencia ante los recortes en medios y oficinas de prensa, ya que la labor de los reporteros da sustento a muchas familias. Asimismo, se pronunciaron por dignificar la actividad a través del otorgamiento de atención médica y mejoras salariales para el gremio.

Cómo se logrará, preguntaron, la horizontalidad del gasto en comunicación social, al estimar que en el reparto de presupuesto se debe apoyar a medios independientes.

Finalmente, señalaron que la reducción de dinero para publicidad oficial anunciada por el próximo gobierno afectará a muchos medios, por lo que solicitaron a los legisladores tomar en cuenta mecanismos que lo eviten.

En respuesta, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) afirmó que se debe romper con la “monstruosa verticalidad de la comunicación”, con una ley que realmente refleje la democratización de los medios.

Lo más importante es que los comunicadores acompañen el proceso de transformación del país; en ellos, se tiene que reflejar la nueva vida pública que ya no estará sesgada por el autoritarismo.

Por su parte, la diputada Dolores Padierna Luna (Morena) manifestó que “el trabajo de los legisladores es crear leyes. Haremos que la norma en materia de comunicación social fije las nuevas reglas, que garanticen el derecho a la información”.

“Pero no se hará de forma autoritaria, sino de la mano de los comunicadores. La política de comunicación social, como estaba, ya dio de sí, y no se puede continuar con ese viejo modelo”, apuntó.

Los medios no pueden estar al margen de la transformación del país, el uso del dinero público ya no debe ser discrecional. “Estamos ante un cambio de régimen para el bien de todos los sectores, incluido el de la información”.

Agregó que también se debe acabar con quienes dan información que no es cierta. “Se estuvo diciendo, por ejemplo, que vamos a acabar con el Canal del Congreso que costó décadas construir; al contrario, vamos a fortalecerlo, modernizarlo y darle recursos que antes no tenía”.

El senador Salomón Jara Cruz (Morena) consideró que “estamos ante una gran oportunidad para que la comunicación llegue a todas las comunidades del país de forma democrática.

Se acabará con un régimen autoritario y se desmantelará el control que jugó en los medios informativos. Es un reto que tenemos todos los legisladores y contamos con la confianza que la sociedad nos ha depositado.

El periodista Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social en el próximo gobierno de la República, sostuvo que los comunicadores “son aliados del cambio y no adversarios”. Afirmó que la política de comunicación social transitará hacia una información abierta y de cara a los ciudadanos.

“Hay un sistema perverso que ha usado el dinero para fijar líneas editoriales y eso no es propio de una democracia”. Se revisará el convenio para dar publicidad y la propuesta es que esa decisión no esté al arbitrio de los gobiernos en turno, sino en la ley. La meta, dijo, es que antes de la llegada del nuevo gobierno se cuente con una nueva Ley de Comunicación Social.

Aseguró que la publicidad del gobierno en medios es un derecho de la ciudadanía para conocer los avances de las gestiones, y no un subsidio para que sobrevivan los medios; se ha mal entendido la función del dinero público en ese rubro.

El próximo gobierno, añadió, no puede desentenderse de las condiciones de trabajo, por lo que debe crear políticas laborales que atiendan las necesidades de los informadores, sobre todo en el rubro de seguridad social; además, revisar los mecanismos de protección a periodistas, que han sido insuficientes.