Por: Redacción/

El trabajo infantil se convirtió en asunto de atención prioritaria en la agenda de los gobiernos de todo el mundo, ya que su impacto y daño a la niñez se traducen en altos costos económicos y sociales.

Por ello, el Pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a dependencias homólogas de las entidades, a fortalecer acciones para detección, prevención y erradicación del trabajo infantil.

De acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil (MTI), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2017, el número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años ascendió a 29.3 millones. De este universo, 3.2 millones (11 por ciento) realizaron trabajo infantil; 62.7 por ciento son hombres y 37.3 por ciento, mujeres.

La tasa de trabajo infantil por entidad federativa reportó que Nayarit tuvo mayor registro con 19.7 por ciento, seguido de Zacatecas, Campeche y Tabasco. Los índices más bajos se observaron en Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México y Querétaro.

El dictamen con punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria, menciona que la tasa de trabajo infantil fue más alta en las áreas menos urbanizadas, con 13.6 por ciento, a diferencia de las áreas más urbanizadas, donde alcanzó al 7.6 por ciento de la población de 5 a 17 años de edad.

En relación con los motivos por los que trabajan los niños, niñas y adolescentes, destaca el pago de la escuela y gastos propios, con el 22.1 por ciento; el gusto de ayudar, 21.9 por ciento; para aprender un oficio, el 14.7 por ciento; pagar deudas, no estudiar u otra razón, 12.8 por ciento y porque el hogar necesita de su aportación económica, 10.7 por ciento.

Menciona que el trabajo infantil daña el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, al comprometer su acceso a la educación y, por consiguiente, transgrede sus derechos humanos constitucionales, principalmente a la salud al bienestar y, sobre todo, a la educación.

El documento precisa que el trabajo infantil en México es una forma de violación a los derechos humanos de la niñez y adolescencia, ya que “entorpece su desarrollo, les produce daños físicos, psicológicos y emocionales, y les prohíbe acceder al derecho a la educación”.

Menciona que la pobreza extrema obliga, en mucho de los casos, al padre o madre de familia a emplear con terceros a sus hijas e hijos para obtener una remuneración o realizar trabajos en su propio entorno familiar, con el objeto de allegarse de lo necesario para subsistir.

Por ello, es vital establecer programas sin distingo de raza, religión e inclinaciones políticas, así como combatir la pobreza extrema, con la intención de que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a la educación.