Por: Redacción/

La diputada María Guadalupe Espinosa de los Monteros García se pronunció por modificar el Código Penal Federal para sancionar con pena de 3 a 10 años de cárcel, a quien cometa un delito contra servidores públicos encargados de salvaguardar el derecho a la salud de la población, en una declaratoria de emergencia por desastre natural o contingencia sanitaria.

Al presenta una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 189 de la citada legislación reglamentaria, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena argumentó que en clínicas y hospitales de algunas regiones, pese a la situación de emergencia sanitaria que se vive y al papel tan importante que juegan los médicos y el personal en general de salud, se han registrado situaciones de agresiones contra ellos.

Refirió que el Consejo Nacional para Prevenir la discriminación de México (Conapred), hasta el lunes 13 de abril había recibido 97 quejas contra todo tipo agresiones, de las cuales el 18 por ciento fueron denunciadas por trabajadores de unidades médicas.

Ante esta situación, dijo, algunos hospitales tuvieron que proveer de transporte privado a sus trabajadores para garantizar su integridad. En la Ciudad de México y en el área metropolitana, los sindicatos y las autoridades del sector, comenzaron a brindar servicio de transporte al personal médico de los siete hospitales con mayor número de trabajadores de la salud.

Agregó que desde el 14 de marzo se han desplegado operativos de policías en los alrededores de hospitales y centros médicos. El 20 de abril, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, desde el pasado 18 de abril, elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados a 100 hospitales más del IMSS, así como a 145 hospitales y 15 almacenes del Insabi para brindar seguridad a instalaciones, personal médico y en el traslado de insumos, con un despliegue de alrededor de 4 mil elementos.

Ante esta situación, la diputada Espinosa de los Monteros García sugirió la siguiente adición el referido artículo: “Si el delito ocurre en un contexto de la emisión de una Declaratoria de Emergencia, Declaratoria de Desastre, Declaratoria de Contingencia Sanitaria o Declaratorias de Emergencia Sanitaria, contra los servidores públicos encargados de salvaguardar el derecho a la salud, la pena aumentará de 3 a 10 años de prisión”.

La propuesta fue turnada, de manera directa, a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.