Por: Redacción/

La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que la minuta de la ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados, no atiende los problemas de inseguridad pública y la violencia creciente en el país, ya que la participación de las fuerzas armadas en estas tareas ha sido un fracaso.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por representantes de diversas organizaciones civiles agrupadas en el # Colectivo Seguridad sin Guerra, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pidió al presidente de la Mesa Directiva, senador Ernesto Cordero Arroyo, y a la senadora Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política, que abra la discusión de la ley a los representantes sociales y a los especialistas en la materia para que sea analizada rigurosamente de manera pública y plural.

“Esta ley está sustentada en una violación permanente a varios artículos constitucionales y está metiendo en un embrollo a las fuerzas armadas con una ley desastrosa e irresponsable que tiene un fin electoral, pero además arrastra al Ejército para lo que no está formado, incumpliendo lo que la Constitución establece, que la seguridad pública debe estar bajo el mando de la autoridad civil. Se requiere discutir qué es lo que se requiere para tener las corporaciones policíacas en los tres órdenes de gobierno que garanticen la seguridad pública”, señaló.

La senadora De la Peña dijo que las diferentes organizaciones civiles preocupadas por la creciente inseguridad pública y violencia en el país del # Colectivo Seguridad sin Guerra, entregarán al Senado de la Republica más de 120 mil firmas de ciudadanos preocupados e inconformes por la ley aprobada por los diputados el pasado 30 de noviembre.

Por su parte, María Elena Morera de la organización México Unido contra la Delincuencia, hizo un llamado al Senado de la República “ a no aprobarla y en cambio, abrir el diálogo nacional a favor de las instituciones de seguridad pública y justicia; civiles, profesionales y sujetas a la rendición de cuenta”.

En tanto Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derecho Humanos y Democracia, pidió a los senadores “que lean, que escuchen lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México; lo que ha dicho la Comisión Nacional de Derechos Humanos; así como los diversos pronunciamientos por parte de parlamentarios europeos como de organizaciones internacionales”.

Teresa Carmona, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, “le pido a las personas legisladoras, que se tomen el tiempo de mirarnos, que se tomen el tiempo de escucharnos, que se debata, que se estudie. Necesitamos una ley que tenga al ciudadano en el centro”.

El activista de derechos humanos, Alberto Athié, señaló que ayer el representante en México de la oficina del Alto Comisionado, manifestó su preocupación por la aprobación de la ley pero parece que no fue suficientemente escuchado, el asunto está ya en Ginebra y el Alto Comisionado ha dirigido una comunicación a México, y particularmente al Senado de la República.