Por. Redacción

La vicepresidenta de la Comisión de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, Nury Delia Ruiz Ovando, informó que solicitará al Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y al IPN, que evalúen las medidas puestas en marcha por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), durante las contingencias ambientales en la Ciudad de México.

Coincidió con un informe que dieron a conocer los investigadores de la Universidad Nacional en el sentido de que la contaminación del aire es un tema preocupante de salud pública.

Aunque reconoció que se han realizado esfuerzos importantes en la reducción de emisiones por combustión vehicular, consideró urgente que el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional y especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), analicen a fondo las acciones implementadas por la CAMe.

Ruiz Ovando también se sumó a las críticas que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha hecho a la decisión del gobierno federal de bajar de 180 a 150 el umbral para la contingencias con el pretexto de proteger a los ciudadanos, así como la pretensión de la CAMe, de endurecer las medidas de circulación durante las contingencias ambientales.

Al respecto, recordó que dichas medidas se han aplicado sin una implementación previa, sin tomar en cuenta las condiciones locales existentes.

En este sentido, dijo que incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS), exige tener parámetros más óptimos, cercanos al nivel deseable para la salud en una ciudad.

Asimismo, avaló la postura del gobierno central respecto a que la Ciudad de México no adicionará medidas que ya existe y que seguirá hasta donde los científicos digan.

Consideró acertada la decisión de rechazar la inclusión de motocicletas en la verificación de automotores, al considerar que no hay parámetros homologados en los estados de verificación y porque esto afectaría aún más la economía y el tránsito en la Ciudad de México.

Citó que de acuerdo con los datos más recientes de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 907 mil 473 millones de pesos en 2015, mientras que los gastos en protección ambiental apenas llegaron a 141 mil 933 millones de pesos.

Finalmente, lamentó que el esfuerzo económico que el Estado mexicano hace para abatir el daño ecológico que genera la producción, distribución y consumo de bienes y servicios es 5.3 veces menor que el daño ocasionado por dichas actividades, señalan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).