• Ortega Martínez acusó que desde hace casi 200 años, el Poder Judicial no había sido tan asediado, presionado, ni tan vilipendiado y ofendido como ocurre hoy ante López Obrador.

Por: Redacción/

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer las controversias en contra de la reforma eléctrica que se esperan y emita una sentencia que norme el criterio a seguir por el Poder Judicial, para frenar la persecución del Ejecutivo Federal contra jueces.

“Para qué dañar al país con meses de un largo período de incertidumbre, conflicto y polarización cuando pudiéramos evitar estas diferencias”, cuestionó el perredista en un comunicado.

Comentó que tanto diputados como senadores y gobernadores han coincidido en la necesidad de incorporar a la SCJN en este debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Industria Eléctrica, por lo que, subrayó, “esta es la oportunidad”.

Ortega Martínez señaló que el presidente López Obrador pretendió dar la vuelta a una definición emitida en febrero pasado por la Corte ante la Cámara de Diputados, con una ‘iniciativa preferente’ donde se modifican aspectos fundamentales de la Constitución de la República.

“El mandatario supo de las irregularidades jurídicas, y que habría un alud de recursos de inconstitucionalidad y amparos de todo tipo contra el contenido de su iniciativa. De hecho, en los próximos días se esperan 300 más”, indicó.

En este contexto, explicó que lo que procedería es que la Presidencia recurra a un tribunal colegiado para intentar echar abajo la sentencia provisional y el fondo del amparo recién otorgados por el juez Gómez Fierro, quien se encuentra a la espera de un estudio a fondo sobre los reclamos de los afectados contra los actos que se desprendan de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de la Industria Eléctrica; además de que también escuchará a la representación del gobierno.

Agregó de que en caso de que la SCJN tomara la decisión de atraer este debate, serán necesarios ocho votos, mismos que pueden generar cierta inquietud tomando en cuenta el proceder de ministros y ministras como Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Margarita Ríos Farjat; Yasmín Esquivel Mossa, y Juan Luis González Alcántara-Carrancá, quienes han destacado por sus posturas ambiguas en casos de sentencias polémicas.

Ortega Marrtínez acusó que desde hace casi 200 años, el Poder Judicial no había sido tan asediado, presionado, ni tan vilipendiado y ofendido como ocurre hoy ante López Obrador, por lo que alertó que “una decisión estimulada por presiones y amenazas por el poder y la necesidad del Ejecutivo, podría dañar de manera irremediable la estabilidad del país”.

Finalmente, llamó a las y los ministros de la SCJN a que ordene al Legislativo a realizar los ajustes pertinentes conforme mandata la Carta Magna, con base en las resoluciones del juez Juan Pablo Gómez Fierro, así como de la sentencia emitida el 3 de febrero pasado por la Segunda Sala de la propia SCJN que declaró la invalidez de 22 disposiciones de la llamada “Ley Nahle”.