Por: Redacción

La Comisión Especial de seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, presidida por el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), acordó solicitar al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, realice auditorías forenses al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y al Aeropuerto Internacional capitalino, para transparentar el uso de recursos públicos.

Hernández Soriano destacó la importancia de conocer claramente la integración de los montos financieros para la edificación de la nueva terminal aérea, ya que la cifra aumenta constantemente por efecto de la inflación y la paridad cambiaria; “hace un mes se estimó en 186 mil millones de dólares, pero sigue creciendo”, sostuvo.

“Son montos multimillonarios que requieren esclarecerse y están siendo colocados en una caja negra que se llama fideicomiso privado, pero se requiere abrir, porque hay recursos públicos y se necesita información precisa”, subrayó.

En su solicitud a la ASF, la Comisión Especial pidió fiscalizar las actividades de administración, ejercicio y aplicación de recursos públicos vía los fideicomisos 80726 y 2172, para el desarrollo de la nueva instalación aeroportuaria y la ejecución apropiada con las mejores condiciones para el Estado, efectuadas con recursos públicos.

Asimismo, le requirió auditar el esquema financiero del proyecto del nuevo aeropuerto capitalino incluyendo los ingresos históricos y la línea de crédito adquirida por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, así como los bonos verdes contemplados.

Además, examinar el título de concesión otorgado a dicho grupo, incluyendo los criterios de su vigencia por 50 años, con una posible ampliación por el mismo tiempo, y las proyecciones y condiciones financieras de esa figura.

La Comisión Especial señaló, en las consideraciones del documento que enviará al titular de la ASF, que derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, esa instancia llevó a cabo un total de siete auditorías al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y al Aeropuerto Internacional, y promovió 78 acciones: 32 recomendaciones; 2 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; 9 solicitudes de aclaración; 23 pliegos de observaciones y 12 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

“De acuerdo con la ASF, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., no cumplió las disposiciones legales normativas aplicables en la materia, ya que se adjudicaron directamente contratos de obra pública y de servicios a empresas con propuestas que resultaron caras y mal integradas, lo que no posibilitó el cumplimiento del objetivo del proyecto, generando un sobrecosto en la ejecución de los trabajaos y servicios de 141, 327.6 miles de pesos”, refirió.

La ASF –continuó- “se abstuvo de emitir opinión sobre la participación de las entidades paraestatales Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y al Aeropuerto Internacional, en el que participaron los fideicomisos privados 80460 y 2172, así como el no paraestatal 80726, a partir de la obtención de créditos provenientes de bancos comerciales por parte del fideicomiso privado 80460 a cambio de la cesión a título oneroso de los flujos futuros de la TUA a dicho fideicomiso”.

En reunión de trabajo, Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presentó propuestas para auditar la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) y el Derecho de Trámite Aduanero (DTA), y conocer el destino de recursos públicos en esa obra.

Aseguró a los legisladores que la TUA sí es fiscalizable por la ASF, en virtud de que se aplica a obra pública, por lo que realizará una auditoría a este ingreso.

“Tenemos esta oportunidad porque nos hemos percatado de que es un ingreso no tributario recaudado por el gobierno bajo el rubro de aprovechamientos. Debido a esta condición, sí es fiscalizable por la ASF, porque la ley es muy enfática: cualquier recurso público, independientemente dónde este ubicado, es fiscalizable”.

Además, este ingreso está incluido en la Cuenta Pública, la cual sin excepción es fiscalizable, de modo que en esta consideración legal que es un “aprovechamiento”, le puede dar claridad a la ASF para efectuar una auditoría a dicha tarifa, explicó.

Propuso también la realización de una auditoría al Derecho de Trámite Aduanero (DTA), pago establecido en la Ley Federal de Derechos en el comercio exterior, aplicable cuando se realiza un trámite de exportación o importación, a través de un pedimento, a fin de conocer el destino que le da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Agregó que el DTA es utilizado para modernizar la aduana, la cual es un componente indisoluble del esquema aeroportuario. “Vale la pena tener claridad del destino de este derecho al proyecto de la construcción del aeropuerto capitalino”.

También, añade, una “auditoría especial para determinar las proyecciones de las corridas financieras y sus riesgos, justamente porque la concesión tiene una vigencia por 50 años con una posible prórroga por otros 50 años el mismo tiempo. Sí tiene facultades la ASF para efectuar sus proyecciones de ingresos”.

Sobre la emisión de bonos verdes emitidos al amparo de la edificación de la nueva terminal aérea, explicó que “es menester su fiscalización” para la transparencia de dicho proyecto.

Aseguró que desde luego existen “dientes” para sancionar la falta de operación del financiamiento a quienes incurren en responsabilidades administrativa o pecuniaria, a cargo de la Secretaría de la Función Pública o de la ASF, de acuerdo a la falta detectada.

El diputado Hernández Soriano estimó necesario que la Secretaría de la Función Pública revise todo el esquema de financiamiento al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a fin de tener todo un escenario sobre riesgos y prospectivas del proyecto.

Celebró que sean auditables el TUA y el DTA, ya que eso contribuirá a conocer su destino. Expresó su preocupación por el manejo de los fideicomisos por la presencia de recursos públicos.

Refirió un encuentro de los integrantes de la Comisión Especial con Arely Gómez, secretaría de la Función Pública, donde le expresaron su preocupación por la distribución del financiamiento.

Hernández Soriano cuestionó la existencia de facultades jurídicas para vigilar el uso de estos recursos. “¿Hay ‘dientes’ para auditar estos recursos?”, cuestionó.

Por Morena, el diputado Emiliano Álvarez López destacó la importancia de la Comisión Especial para conocer, corregir y opinar sobre la construcción de la nueva terminal aérea. ”Estamos muy preocupados por la falta de transparencia del Grupo Aeroportuario, cuyo titular, Federico Patiño, se comprometió a hacer visible los gastos. No ha sido así, y es factible que lo haga, porque ayudaría mucho a que la ciudadanía lo conozca”.

Pidió más información sobre el DTA, porque no es claro qué se hace con este recurso en el proyecto de edificación del aeropuerto.

Francisco Javier Vega Rodríguez, director de Análisis de la Fiscalización Superior de la UEC, refirió que el problema en los fideicomisos son las cifras conocidas y las que no lo son, manejadas a través de figuras financieras con opacidad, que no conoce la autoridad regulatoria. Propuso “dar seguimiento a lo que no se conoce”.

“Aquí hay una oportunidad para legislar, a fin de que la parte de inversión con riesgos, que no se conocen, tenga límites en su crecimiento, porque se generan contratos que no sabemos los riesgos que pueden producirse para el gobierno. Esto merece que la Comisión analice puntualmente el tema, para emitir una iniciativa que la regule. Los riegos son contratos ocultos donde el Estado tenga que intervenir”.