Por. Redacción/

Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el diputado Sergio López Sánchez pidió exhortar al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores emita un pronunciamiento en contra de actos represivos en Nicaragua,

Asimismo, que se sume a la demanda de la Comunidad Internacional para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicie las investigaciones que conduzcan a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos dentro del marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El legislador del GPPRD condenó la muerte de al menos 30 personas por la represión y el uso excesivo de la fuerza del gobierno de Nicaragua en contra de civiles que se manifestaron en días recientes, y expresa sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas de la violencia.

Dijo que el 16 de abril el gobierno de Nicaragua anunció mediante decreto presidencial una reforma al sistema de seguridad social que establece un recorte del cinco por ciento a las pensiones y aumentó las contribuciones de patrones y trabajadores.

De acuerdo con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la represión ya ha provocado al menos 30 muertos registrados, más de 150 heridos y numerosas personas detenidas y desaparecidas. En un comunicado, el CENIDH condenó los asesinatos de más de veinte personas, la mayoría de ellos estudiantes y pobladores de varios municipios del país, los cuales perdieron la vida en el contexto de las protestas, principalmente por disparo de balas de diferente tipo, en la cabeza y en el pecho, “evidenciando que el objetivo de las fuerzas policiales y para-estatales no es disuadir la protesta sino aniquilar a quienes reclaman”.

Por su parte, Amnistía Internacional llamó a las autoridades nicaragüenses a dejar de reprimir a manifestantes y a iniciar una investigación expedita, exhaustiva e independiente por parte de las autoridades civiles sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, así como cualquier presunto delito cometido por agentes no estatales. 11

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, así como el Parlamento de Venezuela, hicieron un urgente llamado a detener la confrontación en Nicaragua, y manifestaron su preocupación, lamentando los actos de violencia. Sin embargo, México no ha definido su postura, de ahí la petición de exhorto a la SRE.