Por: David Loperena
La senadora Angélica de la Peña Gómez expresó que el llamado Caso Iguala debe ser investigado como crimen de Estado.
Este jueves en el senado de la República, la legisladora apuntó: se reconoce la agresión directa a los estudiantes por parte de policías municipales de Iguala y Cocula, pero se omite la responsabilidad de la policía ministerial, de la Policía Federal y de elementos del Ejército Mexicano por no actuar en defensa de las víctimas.
Sostuvo que la investigación de la PGR no ha tomado en cuenta la línea de trasiego de drogas como uno de los móviles que llevó a la desaparición de los 43 normalistas, y señaló que el gobierno federal tiene la intención de que la indagatoria quede circunscrita al municipio de Iguala.
Por ello pidió a quienes tengan información sobre lo sucedido en Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, que la entreguen a la PGR.
Foto: Mugs Noticias/ valentina López.
Durante el debate sobre los hechos ocurrido en Ayotzinapa, la senadora resaltó 11 puntos del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la CIDH que evidencian que la investigación realizada por la PGR, que se encontraba a cargo del ex procurador Murillo Karam, no contiene estándares mínimos para tener los hechos como una verdad jurídica.
Apuntó que el informe destaca que la búsqueda de los normalistas desaparecidos inició de manera tardía, fue deficiente y desorganizada, además de no contar con un protocolo adecuado y omitir acciones importantes como la solicitud de intervención de comunicaciones, cateos, entrevistas, testigos, análisis de los videos del C-4 y otros datos.
Al referirse a la “verdad histórica”, aseguró que no existe evidencia científica de que lo estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, y que el hallazgo de un quinto autobús debilita la investigación de la PGR y sostuvo que la atención a las víctimas por parte del gobierno mexicano ha sido insuficiente, distante y nula.
Finalmente, la legisladora perredista lamentó que el Senado haya perdido la posibilidad de consolidar un ministerio público especializado que permita continuar las investigaciones para dar certeza jurídica y castigar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos.
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