Por: Redacción
El Poder Ejecutivo federal debe establecer medidas cuantificables de austeridad en todas las secretarías y dependencias de la Administración Pública Federal, recortar prestaciones a servidores públicos de medio y alto nivel, y asignar estos ahorros a inversión pública, plantea la senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa.
A través de un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente, la legisladora propone que además el Congreso exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal para que publique en el órgano oficial, en un plazo de 30 días naturales, el protocolo con dichas medidas.
Destaca que ante el panorama de una desaceleración de la economía mundial, el bajo precio del petróleo crudo a nivel internacional, y la fuerte devaluación del peso con respecto al dólar en los últimos meses “es necesario que la administración pública federal, se apriete el cinturón y elimine gastos superfluos”.
En el documento, Calderón Hinojosa advierte que, por ningún motivo, el gobierno federal debe seguir contratando más deuda, y menos si los débitos son utilizados en gasto corriente y no en inversión.
Además advierte que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó sus previsiones de crecimiento mundial por segunda vez en este año, ante la debilidad de los precios de materias primas y la desaceleración en China, que repercute de manera negativa en las economías emergentes.
También señala que la caída en el precio de la mezcla mexicana de petróleo ha reducido los ingresos del gobierno federal: antes financiaba 35 por ciento del gasto con estos recursos y ahora sólo podrá financiar 12 por ciento; esto, debido a que las finanzas públicas “permanecen torpemente petrolizadas”.
Señala que el gobierno federal de México se ha endeudado para gasto corriente. “En vez de ajustarse el cinturón y eliminar gasto superfluo, han reducido el gasto en inversión a niveles preocupantes: 3.1 por ciento del PIB (lo razonable sería, cuando menos, 5.0 por ciento)”.
Finalmente, la senadora reconoce que las autoridades mexicanas han indicado su compromiso, a través de una política fiscal apropiada y con el endurecimiento de la política monetaria, para mantener la estabilidad macroeconómica.
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