Por: Redacción

El relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación, Kishore Singh, exhortó hoy a las autoridades chilenas a destinar a ese sector la mayor cantidad de recursos posible sobre una base sostenible, y recordó que el Estado sigue siendo el guardián de ese derecho en todas las circunstancias.

En un comunicado emitido al concluir una visita oficial al país sudamericano, Singh consideró que Chile atraviesa un período histórico de transformación para reconocer a la educación como un derecho y no como un bien de consumo y encomió los esfuerzos del actual gobierno por revertir 30 años de políticas educativas basadas en las fuerzas del mercado.

Añadió que esas políticas, adoptadas en nombre de la libertad de enseñanza, condujeron a altos niveles de segregación y estratificación escolar y subrayó que ese tipo de libertad da carta blanca a cualquier proveedor para socavar la educación como un bien público o para subordinarlo al interés privado en detrimento de la responsabilidad social en la educación.

Singh señaló que el proceso de implementación de la Ley de Educación Inclusiva de junio de 2015, con el compromiso de erradicar progresiva y completamente la educación con fines de lucro antes de que termine el 2017 es una “reforma histórica que no tiene precedente.”

El experto felicitó a Chile por adoptar leyes en varias áreas clave tales como la Ley que crea el Plan de formación ciudadana. Otros proyectos de ley como el que crea el Sistema Nacional de Educación Pública, la Ley de garantías de derechos de la niñez y la reforma en la educación pública para incrementar capacidad institucional se están considerando. “En el espíritu de las reformas, no se debería seguir permitiendo los intereses corporativos en las universidades”, agregó.

El relator especial urgió a las autoridades chilenas a adoptar una ley sobre la financiación de la educación, recalcando que la educación no es sólo un derecho en sí mismo, sino que también es esencial para el ejercicio de los demás derechos humanos.

Finalmente enfatizó la necesidad del establecimiento de un marco regulatorio estricto para garantizar que no se permita a ningún proveedor privado reducir la educación a un negocio ni tratarla como un bien de consumo o beneficiarse con fraudes financieros y corrupción en la educación.