Por: Redacción

Los diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez solicitaron la actuación inmediata de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para detener la ilegal intervención de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, titulares de los ejecutivos Federal y del Estado de México, respectivamente, en el actual proceso electoral de esta entidad.

El Coordinador, Vicecoordinador y Coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD en la Cámara de Diputados propusieron a la Comisión Permanente hacer el exhorto respectivo a ambos funcionarios, así como solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar y sancionar el desvío de recursos públicos en que han incurrido para favorecer al candidato de su partido, el PRI, Alfredo del Mazo Maza.

Destacaron que ya con antelación denunciaron ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) los ilícitos de ambos priistas y sus subalternos en sus respectivas administraciones, por lo que también propusieron a la Comisión Permanente citar a su titular, Santiago Nieto Castillo, para que informe qué ha hecho al respecto.

Plantearon que también se exhorte al Instituto Electoral del Estado de México a investigar, en el ámbito de sus atribuciones, este desvío de recursos públicos y el uso electoral de programas sociales para apoyar a Del Mazo Maza, en particular con el reparto de despensas y dinero a través de la tarjeta electrónica “La Efectiva”, al amparo del programa “Mujeres que Logran en Grande”.

Hay que recordar que el PRD denunció públicamente que en la campaña para ocupar la Presidencia, Peña Nieto y su partido ya habían utilizado una maniobra ilegal semejante a través de los monederos electrónicos “Monex”.

Recordaron que desde el año pasado denunciaron estos ilícitos a cargo de Peña Nieto, Ávila Villegas y sus funcionarios, por lo que la Fepade ya debería tener resultados de sus investigaciones, pues con dinero de los contribuyentes, dichos gobernantes utilizan facciosamente los programas sociales para favorecer ilegalmente a su partido y a su candidato al gobierno del Estado de México.

Destacaron que incluso diversos medios de comunicación masiva han constatado las violaciones a las leyes por parte de ambos ejecutivos –el federal y el estatal-, específicamente violaciones a la Constitución (artículos 8 y 134), la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículo 209) y el Código Electoral del Estado de México (artículo 465), por lo que es evidente que ya se debería fincarles responsabilidades.

Indicaron que entre otros de los funcionarios que también han pisoteado la ley, están el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Francisco Guzmán Ortiz; el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Enrique Miranda Nava, y la ex secretaria general del PRI, actual diputada federal Carolina Monroy, entre otros.

Todos ellos, en diversos momentos a partir de octubre de 2016, han sido descubiertos y denunciados por aprovecharse, mediante la compra de conciencias, de las necesidades de la población que sus propios gobiernos han provocado con su incompetencia, ineficiencia o corrupción administrativa, señalaron los legisladores perredistas.

Refirieron que el 8 de octubre en la Feria Integral de Servicios en el Estado de México efectuada en Huixquilucan, Eruviel Ávila, Francisco Guzmán y funcionarios de la Sedesol, por instrucciones de Peña Nieto, entregaron tarjetas “La Efectiva” con saldo de dos mil 750 pesos cada una a cambio de una copia de la credencial de elector de quienes las recibieron.

Acciones similares se realizaron en el Valle de Toluca, Zinacantepec, Ecatepec, Chicoloapan, Chalco, Coacalco y a partir de entonces se han generalizado en los demás municipios de la entidad, donde se viola impunemente la ley por dichos funcionarios a fin de favorecer al candidato priista, Alfredo del Mazo.

Para Martínez Neri, Zambrano Grijalva y Ortega Álvarez, instituciones del Estado Mexicano como la Fepade, el INE y el mismo Congreso de la Unión de ningún modo pueden ni deben permanecer indiferentes a estas ilegalidades, por lo que en particular demandaron a este último intervenir a través de la propuesta de punto de acuerdo referida.