Por: Redacción/

El Grupo Parlamentario del PRD exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a proporcionar información relativa al avance en el ejercicio y destino de los recursos etiquetados en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, principalmente aquellos etiquetados al Programa Promover la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres del Ramo 04 Gobernación.

Asimismo, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la revisión del ejercicio del gasto de los recursos etiquetados a este programa del Anexo 13.

En un comunicado, la bancada perredista aseveró que la crisis de violencia de género se agravó en los últimos meses por el confinamiento.

Dijo que las titulares de la Secretaria de Gobernación (Segob), del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres invisibilizan la situación y la justifican, además de que “han manifestado que los recursos destinados a la atención de la violencia contra las mujeres se habrían utilizado para la pandemia del Covid-19”.

Sin embargo, la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece la imposibilidad de reasignar los recursos consignados en el Anexo 13, sin contar con la opinión de la Cámara de Diputados.

El Grupo Parlamentario del PRD también exhortó a la SHCP y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas a entregar, a la brevedad, los recursos necesarios para el funcionamiento de las Casas de Mujer Indígena o Afromexicana, en todo el territorio nacional, a fin de salvaguardar la integridad física y la vida de las mujeres en el confinamiento por la emergencia sanitaria.

A través de un punto de acuerdo, los y las legisladoras reprobaron que las autoridades de la SHCP determinaron que, “como las mujeres no se pueden reunir, las Casas de la Mujer Indígena no se encuentran funcionando y consecuentemente, no necesitan los recursos, sin tomar en consideración que, en muchas ocasiones, éstas son la única salida que tienen las mujeres para conservar su propia vida”.

Añadieron que las 35 casas que se encuentran distribuidas en el país no sólo garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las indígenas, sino que, en estas condiciones, han prestado servicios de partos y atención médica básica, además de atender los cada vez más frecuentes casos de violencia de género.