Por: Redacción/

La diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) exigió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) transparentar y rendir un informe sobre la operación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, con datos reales y verificables, toda vez que se han denunciado irregularidades.

Asimismo, pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar los fondos ejercidos en este programa para descartar desvío de recursos públicos, además que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) valore las acciones desarrolladas y las previstas en lo que resta del año para el programa social.

En un comunicado, expuso que organizaciones de la sociedad civil y la propia auditoría interna de la dependencia federal, han denunciado irregularidades graves, entre ellas, subejercicios de los fondos aprobados, crecimiento anormal de los padrones de beneficiarios y la proliferación de empresas fantasmas.

“Requerimos información del número de servidores sancionados, los centros de trabajo verificados y el estado que guardan los seguros médicos contra enfermedades de maternidad y riesgo de trabajo; área con mayor opacidad, pues hasta el momento, se desconocen los becarios atendidos, sus padecimientos y el pago erogado por esos conceptos”, indicó.

Explicó que “Jóvenes Construyendo el Futuro” vincula a personas de entre 18 y 29 años con empresas, talleres o negocios, para tener un empleo y desarrollar un oficio y pueden permanecer hasta por un año y reciben 3 mil 748 pesos mensuales y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

Alemán Muñoz Castillo dijo que dos de las entidades con el mayor número de aprendices son Tabasco, la entidad de origen del titular del Ejecutivo Federal, y Veracruz, gobernada por el partido Morena, “lo que da elementos de un posible uso electoral y de promoción personal”.

Recordó que durante el primer año del programa, la auditoría interna realizada por la STPS detectó serias anomalías, entre las que destacan que diversos centros de capacitación operaban sin cumplir los requisitos de ley o funcionaban de manera ilegal, es decir, eran clandestinos y, a pesar de ello, recibían el recurso público.

La fiscalización comunicó que, al menos el 55% de los apoyos incumplió las reglas de operación, debido a que no acreditaron el domicilio del centro de trabajo o el becario no correspondió al lugar del centro de capacitación; también que los beneficiarios fueron objeto de “moches, sobornos o extorsiones” por parte de los dueños de los centros de trabajo o fueron expulsados de manera injustificada; la revisión constató también, que en muchos casos, los aprendices no acreditaron el nivel académico mínimo.

Las denuncias documentadas por la asociación civil “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) coinciden en que el programa opera con datos improbables, incompletos e inverificables; es decir, los centros de trabajo no existen, los becarios en activo no fueron identificados en actividades propias del programa o nunca se encontraron en las instalaciones.

En otros casos, los beneficiarios han denunciado retraso en el pago de los apoyos, actos de discriminación y exclusión de los dueños y encargados de los centros de trabajo, la reubicación de áreas, instalaciones y hasta tutores de manera arbitraria, lo que genera incertidumbre e ineficacia en los aprendizajes o capacitaciones.

El seguro médico es otro tema de opacidad por su mala implementación, hay antecedente de que la propia dependencia federal ordenó cancelar el seguro a un joven en Oaxaca, quien sufrió un accidente mientras laboraba, sin medidas de seguridad, lo que deja en total indefensión a los becarios ante un siniestro.