La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco (PRI), afirmó que la infraestructura, organización, funcionamiento y las políticas de los centros penitenciarios no están adaptados para las mujeres y son temas que siguen pendientes.
Durante la inauguración del Foro Internacional Mujeres en Reclusión: Legislación y Políticas Públicas con perspectiva de Género, aseguró que en este tema se ha avanzado, pero aún quedan varios asuntos pendientes.
El propósito del foro es vislumbrar propuestas y analizar la legislación aplicable a políticas públicas, para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres que viven en reclusión, a través de la mirada de organizaciones de la sociedad civil, la academia, las instancias gubernamentales y el Poder Legislativo.
La diputada Plascencia Pacheco dijo que a pesar de que las mujeres representan menos del 5.0 por ciento del total de la población en estado de reclusión, se deben crear políticas públicas con perspectiva de género, para garantizar sus derechos fundamentales.
“Se tienen pendientes políticas públicas, pero con una perspectiva de género, para asegurar que cada mujer en reclusión cuente con la garantía de sus derechos humanos”, expresó.
Subrayó que el incremento del número de mujeres en reclusión, por diferentes tipos de delitos del fuero común o federal, es un tema que se abordará en esta LXIII Legislatura. “Vamos a trascender con diferentes acciones legislativas para beneficio de las mujeres mexicanas”.
La diputada Erika Rodríguez Hernández (PRI), presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), expuso que en México las mujeres que por amor, pobreza o ignorancia cometieron un delito, son además marginadas, discriminadas y rechazadas por la sociedad, el Estado y las familias.
“Además de enfrentar un proceso penal o una condena, pierden sus vínculos familiares y viven la peor discriminación y marginación, son abandonadas y se agudiza el deterioro económico, su contexto de vida es devastador”, explicó.
Sostuvo que las reclusas indígenas y adultas mayores son triplemente marginadas, pues además sufren de falta de igualdad y oportunidades.
“Se enfrentan a un sistema de justicia indolente e insensible, expuestas por su indefensión y en condiciones de desigualdad por su condición étnica, con la ausencia de una representación jurídica para su defensa y falta de igualdad de oportunidades”, aseguró.
Rodríguez Hernández comentó que las y los legisladores tienen un compromiso con las mujeres mexicanas y especialmente con las mujeres en reclusión, y coincidió con la diputada Plascencia Pacheco que se debe legislar con perspectiva de género.
“Construyamos un país donde las mujeres y las familias tengan esa garantía del Estado, para vivir una vida digna, con mejores condiciones, con acceso a la justicia y pleno acceso al desarrollo logrando una igualdad por resultados”, dijo.
La directora ejecutiva de la organización civil Equis Justicia para las Mujeres A.C., Ana Pecova, indicó que trabajan para impulsar políticas públicas en beneficio de las reclusas, “para lograr atender sus necesidades de manera integral e introducir en todos estos una perspectiva de género para mejorar sus condiciones de vida”.
Resaltó que el 78 por ciento de las mujeres que están llenando las cárceles de México tienen entre 18 y 40 años; el 98 por ciento sin antecedentes penales.
“Son responsables de delitos no violentos, pobres, con niveles de estudios de primaria o secundaria incompletos, registran problemas de salud mental, usan sustancias psicotrópicas, casi todas son madres”, precisó.
La abogada general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Erika Marcela López Vargas, subrayó que existe un compromiso para sensibilizar a cada uno de los actores de la cadena de impartición de justicia, “desde la sociedad civil, los legisladores, los impartidores y quienes ejecutan la justicia para aplicar la perspectiva de género en los reclusorios”.
“La perspectiva de género es una asignatura pendiente en este país, tenemos testimonios de la forma en que las mujeres viven la reclusión y muchas de esas historias son de exclusión social, que vienen ligadas con la violencia”, externó.
Consideró que se deben tomar en cuenta las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el tema.
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