Por: Redacción

La Comisión Permanente del Congreso exhortó a la Secretaría de Salud (SSA) para que, con base en los esquemas y programas de cooperación que ofrece la Organización Mundial de la Salud (OMS), promueva un estudio sobre la regulación, disponibilidad, acceso y costo de los medicamentos en México y fortalezca las políticas farmacéuticas nacionales.

El dictamen aprobado por el Pleno precisa que, aunada a la obligación del Estado mexicano de brindar servicios médicos y medicamentos a la ciudadanía, se debe agregar que en el corto plazo, el país enfrentará un acelerado envejecimiento poblacional que implicará el fortalecimiento de los servicios médicos, en donde los medicamentos son herramienta indispensable para conservar la salud.

Por ello, expone, es indispensable contar con una política farmacéutica integral que fortalezca a la industria, que atraiga más inversiones y que garantice la autosuficiencia nacional de medicamentos eficaces, de calidad y de bajo precio.

Destaca además que el gasto público ejercido en el sector salud ha tenido un crecimiento constante, promedio anual de 13.5 por ciento, entre 1980 y 2008. Asimismo, expone que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México gastó alrededor de 14 mil 400 millones de dólares en farmacéuticos en 2004, nivel superior al de los países de la Organización.

El gasto en farmacéuticos, agrega, representa 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje superior al de la mitad de los países miembros y 20.9 por ciento del gasto total en salud, por encima del promedio de la OCDE de 17.7 por ciento.

Con estos datos, argumentan los legisladores, es posible señalar que uno de los aspectos que más afecta el bolsillo de la población es la compra de medicamentos. En este sentido, advierten la existencia de una amplia diferencia entre el mercado del sector público y el privado; pues se estima que los precios a los que compra el sector público son, en promedio, de un cuarto a un tercio más bajos que en el mercado privado.

“Los precios de compra en el IMSS son 83 por ciento más bajos que los precios de menudeo en el sector privado”, señalan. No obstante, declaran, la inflación de los medicamentos en los últimos años, ha sido mayor que la variación de los precios generales.

Por otra parte, el dictamen puntualiza que de acuerdo con datos de Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM) el precio de los medicamentos de patente se ha incrementado hasta 30 por ciento debido a la depreciación del peso frente al dólar, en tanto el de los genéricos ha subido 5.5 por ciento, generando que el precio de un grupo de medicamentos aumentara dramáticamente.

Ante este panorama, destaca, los sistemas de salud que busquen garantizar el acceso a los medicamentos deben considerar acciones que atiendan la disponibilidad y el acceso a los medicamentos, por lo que es necesario establecer un balance que promueva la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y al mismo tiempo, permita que dichos inventos farmacéuticos puedan ser adquiridos a precios asequibles.

En este contexto, los legisladores puntualizan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diseñó un cuadro básico de medicamentos para población de bajos ingresos, independientemente del lugar y de la farmacia; por lo que en México es fundamental proporcionar esta opción, ya que existen alrededor de 90 medicamentos básicos que deberían de estar en todos los puntos de venta de este país con un garantía de precio.

Para garantizar las mejores condiciones de compra, aumentar la disponibilidad, acceso a medicamentos e insumos para la salud, se creó la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros Insumos para la Salud, cuyo objetivo es negociar el precio de medicamentos e insumos para la salud del Cuadro Básico, para el primer nivel de atención médica, y para el segundo y tercer nivel, para los que cuenten con una patente vigente o de fuente única.

Con la creación de esta Comisión agregan, se permite mayor acceso a medicamentos y se busca consolidar la compra de medicamentos de patente entre las principales instituciones del sector público, hacer compras informadas y mejorar los términos de negociación mediante un aumento en el volumen de compra, con la finalidad de reducir precios y optimizar el gasto público.