La verdad, la justicia y la reparación del daño en el caso Iguala no pueden subordinarse a ningún tipo de interés o prioridad diversa, por lo que evitar que ello suceda es un imperativo ético y un compromiso de respeto hacia las víctimas y la memoria de aquellos que perdieron la vida, manifestó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

En reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, el ombudsman dijo que la voluntad política expresada por las autoridades a favor de la verdad y la justicia debe materializarse en avances concretos y objetivos, en una investigación que cumpla con el rigor, objetividad, responsabilidad y profesionalismo que el caso requiere.

Indicó que no es posible desconocer la preocupación e inconformidad social frente a las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR) y la crisis de credibilidad que afectaba a las instituciones, la cual se ahondó con este caso y se agravó por los distintos señalamientos de inconsistencias u omisiones en la investigación que lleva acabo esa dependencia.

Aseguró que la única vía para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es una investigación científica y exhaustiva, que se apoye en todos los elementos probatorios que obren en el expediente mediante un análisis integral, lógico y objetivo.

En este sentido, hizo un llamado a sumar esfuerzos para impedir el uso político de este caso y cualquier distorsión que se pretenda dar a los hechos, al igual que el uso descontextualizado de la información pública disponible.

González Pérez se pronunció a favor de la presencia de los sistemas universal y regional de derechos humanos en México ya que, desde su ámbito de atribuciones y con el carácter subsidiario que les es propio, coadyuvan con la CNDH.

Asimismo, pidió que se tomen en consideración las recomendaciones hechas por el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales tienen múltiples puntos de coincidencia con el informe que emitió la CNDH.

En este sentido, refirió que el informe de la Oficina Especial para el “Caso Iguala” ha hecho 26 observaciones a la investigación de la PGR, por lo que a partir de mañana se llevarán a cabo una serie de reuniones de trabajo con dicha dependencia para revisar, observación por observación, las insuficiencias que presenta la atención dada a las mismas.

Dejó en claro que el caso es un expediente abierto, cuya investigación continúa y en la cual se debe considerar toda línea que esté sustentada en elementos objetivos; no se dará por concluida hasta que se haya esclarecido el destino de los normalistas desparecidos, se determinen responsabilidades y se castiguen con forme a derecho las muertes y lesiones y la reparación a todas las víctimas.

Reiteró el llamado al gobierno federal para que dé respuesta puntual a los planteamientos hechos por los padres de los estudiantes desparecidos, sus representantes y diversas organizaciones sociales en la carta que entregaron con motivo de la reunión sostenida el pasado 24 de septiembre

El ombudsman nacional comentó que el Caso Iguala ha contribuido a visibilizar la existencia de otros problemas sumamente delicados “y que demandan nuestra atención urgente como los son los hallazgos de fosas clandestinas en algunos estados de la república”.

Además, expresó que hay una “urgente necesidad” de reconocer la problemática existente en el país en materia de desapariciones de personas, que no se limita a los 43 estudiantes normalistas; es más amplio y diverso y “desafortunadamente aún no estamos en posibilidad de dimensionarlo adecuadamente”.

Ello, debido a la carencia de bases de datos confiables y actualizados que contengan los elementos necesarios para determinar con certeza el número de casos que serían propiamente de desapariciones forzadas imputables a autoridades del Estado y distinguirlos de aquellos que son responsabilidad de particulares, de la delincuencia organizada o de alguna otra causa.

La senadora Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del PT, consideró que si la sociedad y la CNDH no presionan nunca se sabrá la verdad sobre el caso Ayotzinapa, ya que “al gobierno no le interesa que se sepa, porque ellos tienen las manos metidas”.

La legisladora solicitó la opinión del ombudsman nacional sobre la negativa del Ejército mexicano para que el Grupo Interdisciplinario del Expertos Independientes pueda entrevistar a elementos del 27 Batallón de Infantería, cuya información es clave para la investigación.

Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN, destacó que existe un problema severo en la atención a las víctimas, como los integrantes del equipo de fútbol “Los Avispones” que fueron agredidos la noche de los hechos, así como los familiares de los estudiantes y otras personas que requieren asistencia.

Expresó que Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a veces actúa más como una organización civil que como una oficina de servidores públicos que deben plantear el proceso de reparación del daño; y es cierto que hay todavía muchas líneas de investigación que seguir, pero “traemos un problema severo respecto de cómo se está manejando la atención a quienes ya en este momento están en este papel de víctimas”.

La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, reconoció que la agitación social que han provocado el caso es muy grave, pero es más grave “el vaivén en el reparto de culpas” y preocupa que un hecho tan doloroso se ha tratado como un tema político, pues este discurso, en el que se ha perdido el debate jurídico, “no resuelve y no le sirve a nadie”.

Cuestionó al Presidente de la CNDH sobre la investigación la Procuraduría General de la República, en la intervinieron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, peritos argentinos e Innsbruck.

La senadora del PRD, Lorena Cuéllar Cisneros, pidió que la CNDH dé seguimiento al ataque a migrantes centroamericanos en Tlaxcala, los cuales viajaban en “La Bestia” y fueron agredidos por cuerpos policiacos, así como a la represión que sufrieron mujeres normalistas de ese estado.

A su vez, la senadora del grupo parlamentario del PRI, Lucero Saldaña Pérez, coincidió en no hacer uso político del Caso Iguala ni hacer señalamientos respecto a culpabilidades “cuando todavía la investigación está en proceso” y preguntó si en este caso se considera de desaparición forzada.

Del grupo parlamentario del PVEM, el senador Pablo Escudero Morales, lamentó “el uso político y oportunista” que se ha hecho del tema.

Por último, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que hay una resistencia para comprender la reinserción social como parte de la reforma en materia de derechos humanos. Preguntó que está haciendo la CNDH para la formación de funcionarios, a fin de que se transite lo más pronto posible del concepto de readaptación al de “reinserción”.

González Pérez refirió que entre las 26 observaciones que se realizaron a la PGR “señalamos en uno de los puntos que tenía que llamarse a ampliar sus declaraciones a algunos elementos policiales y algunos elementos de las Fuerzas Armadas, así como tomar testimonios, por primera vez, de otros elementos”.

“Es decir –acotó–, acudimos a través del órgano correspondiente, nosotros tenemos nuestra propia línea en ese sentido y estamos recabando información de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

El titular de la CNDH reiteró que se requiere realizar un análisis exhaustivo del conjunto de evidencias que conforman la averiguación previa, fortalecer los procesos penales de las 113 personas consignadas, llamar a declarar a un sinnúmero de servidores públicos de distintas entidades para abundar en la indagatoria y llevar a cabo una reconstrucción de hechos.

Insistió en que se coincide con el GIEI en la necesidad de continuar con la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, y en el señalamiento de que deben cumplimentarse los mandamientos judiciales pendientes:

“Nosotros identificamos en la indagatoria que se mencionaban por su apodo, a 11 personas que no habían sido motivo de indagación. En un sobre cerrado entregamos a la PGR, porque no podíamos hacerlo público, las caracterizaciones de esas personas para que fueran investigadas”.

Además, dijo, se coincide en que es imperativo que comparecieran a rendir declaración otros elementos policiales municipales y que la autoridad requiriera información científica sobre las condiciones climatológicas y ambientales imperantes en Iguala, y particularmente en el basurero de Cocula”.

González Pérez coincidió en que no se necesita que concluyan las investigaciones para la reparación integral del daño

Sobre la actuación de la PGR, dijo que el 23 de julio se señalaron 26 omisiones de acciones que no se habían llevado a cabo “y mañana empezaremos el análisis de todas y cada una de esas observaciones para señalarle las que nos parecen que no fueron congruentes con el planteamiento que le hicimos y cuáles fueron insuficientes, desde nuestro punto de vista”. Agotado este proceso, agregó, en los próximos días daremos a conocer públicamente la respuesta a ese planteamiento.

González Pérez aseveró que para la CNDH, conforme a los estándares internacionales, se trata de un caso de desaparición forzada, pues hubo la participación de servidores públicos, en este caso municipales que están plenamente acreditados.

Informó que el informe de la Oficina Especial está integrado por 214 tomos en 124 mil fojas, que incluyen 554 entrevistas y 194 intervenciones periciales, de las cuales 120 corresponden a atenciones psicológicas a víctimas y familiares.

Comentó que se revisaron 373 tomos correspondientes a tres expedientes, de ellos, 123 son de la PGR; 228 de juzgados federales y 18 de locales. Además, agregó, se realizaron 358 visitas, se pidieron nueve medidas cautelares y se hicieron 744 requerimientos de información a los tres niveles de gobierno.